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Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanistajorge@nomena-arquitectos.com
El caso de Gil Shavit, principal promotor del Callao Monumental a través del proyecto ‘Fugaz, Arte de Convivir’, ha vuelto a traer la palabra gentrificación a la mesa. Hace unos meses escribí una columna en la que decía que: ‘(…) la gentrificación se da cuando población con mayores ingresos ocupa barrios céntricos y con acceso a servicios, a un costo relativamente bajo aún. Con ellos viene la inversión en ‘renovación’ y la consiguiente revalorización del suelo. Aunque también el desplazamiento de antiguos vecinos que, con la subida de los precios, se ven directa o indirectamente forzados a dejar su espacio’.
También dije que hablar de gentrificación en Lima, una ciudad con baja tasa de alquileres, es complicado: en procesos como estos son los arrendatarios los primeros en irse. Los propietarios tienen mayor poder de negociación y son beneficiados con la revalorización del suelo. Aunque también es cierto que no todo es plata en la vida, y que muchas veces son los lazos y dinámicas de comunidad -relaciones muy difíciles de construir en el tiempo- los que se desintegran.
Además de haber recibido una supuesta coima de US$1,6 millones, a Shavit se le atribuye haber comprado propiedades en el Centro Histórico del Callao para beneficiarse del proceso de ‘renovación urbana’ que él mismo promovía. ¿Cuál es el problema con esto? No conozco a nadie que compre una propiedad esperando que se devalúe. ¿Y no está bien que, si al Estado le interesa un rábano, sea la sociedad civil la que invierta en revalorizar los barrios? Sí y no. Yo veo tres problemas.
El primero sería haber hecho lobby para que se haga una obra pública con un doble objetivo: Recibir una tajada de la ‘comisión’ y, con esa información de primera mano, ser el primero en comprar inmuebles en un área directamente beneficiada por este proceso. Fue en el 2014, justo cuando se cierra el negocio con Odebrecht, que Shavit comienza a comprar sus once propiedades en el Callao.
El segundo es que parece que lo del Callao Monumental era una historia para disfrazar un proceso de pura especulación inmobiliaria. El proyecto se vendía como algo que iba más allá de la sola rentabilidad, que pretendía rescatar un barrio a través del arte y la cultura, integrando a la comunidad en este proceso. Y no dudo que muchos de los involucrados creían sinceramente en esto. El problema es que hoy sabemos de los verdaderos intereses detrás.
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Integrar a las comunidades en procesos de renovación urbana es ya complicado en ciudades donde el Estado maneja cierta cantidad del suelo, tiene políticas de planificación urbana y de vivienda social. En Lima, donde la propiedad del suelo es privada y atomizada, no hay planes urbanos, la vivienda se maneja como mercancía y las municipalidades limitan las áreas mínimas de departamentos para dividir socioeconómicamente a la población, es el triple de complicado. Digo esto no por defender al proyecto, sino porque es muy fácil tirar barro cuando el problema para generar barrio y comunidad, es mucho más complejo.
Y el tercer problema es la ausencia del Estado en la regulación del suelo urbano, con un marco de impuesto sobre la plusvalía del suelo, por ejemplo. Este es un tema polémico y merece una columna aparte, pero lo explico en corto: Muchas ciudades manejan un impuesto sobre la transferencia de una propiedad cuando el valor de esta se incrementa debido a alguna obra o acción del Estado (un cambio de zonificación, la construcción de una línea de metro cerca o la de una vía que mejore la conexión de un barrio, etc.). Es el caso del Centro del Callao con la ampliación de la Costa Verde. Sin normativas como estas, la puerta para la especulación y, como vemos, la corrupción, queda más que abierta.
