Una reciente decisión judicial ha vuelto a dirigir las luces sobre Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori y con mayoría en el Congreso.
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La semana pasada se conoció que el Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y de su reserva tributaria en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos.
Lo último del caso da cuenta de que la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, incluyó a Keiko Fujimori en la pesquisa, pasando a hora a la condición de investigada por el presunto delito de lavado de activos.
Uno de los sustentos de la resolución señala que la ex candidata presidencial habría entregado US$15 millones a Ramírez en el 2011 con la finalidad de ‘lavarlos’ para la campaña presidencial de ese año. Ese monto habría sido ‘blanqueado’ por medio de la cadena de grifos de Osías Ramírez, actual congresista fujimorista y hermano de Joaquín Ramírez.
Otro de los sustentos indica que Joaquín Ramírez tuvo una ‘sospechosa’ adquisición de dos inmuebles por más de US$2 millones, propiedades utilizadas por Keiko Fujimori como local de campaña y para el funcionamiento de su ONG Oportunidades.
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