El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de la comisión Lava Jato, que indagará los presuntos sobornos pagados por Odebrecht en Perú, planteó que se levante el secreto bancario de todos los funcionarios implicados en este caso.
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‘Creo que esto será fundamental para saber si hubo allí un manejo de dinero, porque tanto dinero (29 millones de dólares) no se esconde bajo el colchón. La coima es nauseabunda y repudiable, y neutraliza a quienes vigilan la obra’, expresó en diálogo con la Agencia Andina.
Adelantó que la primera semana de enero, cuando se reúna este grupo de trabajo, se hará la lista de personas invitadas a la comisión, entre ellas, los ministros y viceministros en cuyas gestiones fueron adjudicadas las obras públicas a Odebrecht, entre los años 2005 y 2014.
En esa lista de convocados también se incluirá a los directores de los ministerios, secretarios generales, así como a los responsables de Proinversión y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, indicó.
‘También a los que pagaron los cheques, a los que giraron los dineros y las partidas, a los que hicieron los concursos públicos, a quienes participaron y a quienes evaluaron. Todo esto debe investigarse y levantarse el secreto bancario de todos estos funcionarios’, remarcó el legislador.
García Belaunde estimó también que el 4 o 5 de enero de próximo año se elegirá al congresista que presidirá esta nueva comisión Lava Jato, así como a los que serán su vicepresidente y secretario, a fin de comenzar cuanto antes las indagaciones del caso.
Una de las primeras acciones de este grupo investigador, agregó el congresista, será evaluar y analizar los antecedentes de la investigación, es decir, lo avanzado e informado por la anterior comisión Lava Jato, que estuvo presidida por el entonces parlamentario Juan Pari.
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‘Será muy importante saber qué hicieron ellos’, refirió.
Según la justicia de Estados Unidos y Odebrecht, la compañía brasileña reconoció el pago de sobornos en Perú hasta por 29 millones de dólares, entre los años 2005 y 2014, a funcionarios gubernamentales ‘con el fin de obtener contratos de obras públicas’.
Con esas maniobras, de acuerdo con la información de Estados Unidos, la empresa se benefició con una ganancia de más de 143 millones de dólares.
El período que señala el informe respectivo comprende las gestiones de los presidentes Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016).
Tras conocerse dicha información, se informó que la comisión especial Lava Jato será instalada en enero en el Congreso, a fin de investigar los presuntos actos de corrupción que comprometerían a las empresas brasileñas en el pago de coimas en Perú.
