KAREN ESPEJO
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El jueves pasado, la berma central de la avenida Las Palmeras, en Los Olivos, amaneció con una larga fila de árboles cortados desde su base.
En total, 60 palmeras de más de veinte años de antigüedad fueron taladas sin previo aviso, desatando la indignación de los vecinos.
El retiro de árboles respondió a un pedido de la concesionaria de electricidad ISA–REP, pues estaban muy cerca de cables de alta tensión, lo que representaba un peligro. En un inicio, las municipalidades de Lima y de Los Olivos se echaron la culpa entre sí, sin dar mayores explicaciones. Ante ello, la Defensoría del Pueblo inició una investigación del caso.
Pero ¿qué podemos hacer si ocurre algo similar en nuestro distrito? Alberto Huerta, representante de la Defensoría del Pueblo, explica que los vecinos tienen todo el derecho a reclamar en casos como este.
La ordenanza N° 1852 para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la provincia de Lima prohíbe la tala de árboles y la poda severa de plantas (quitar todas las ramas) en espacios públicos.
No obstante, existen excepciones: cuando el árbol pone en riesgo la integridad física de personas o bienes y cuando está a punto de morir o muere por enfermedad.
Además, se pueden reubicar árboles , por ejemplo, cuando están en la zona de influencia de una obra pública, siempre y cuando se sigan las técnicas establecidas en el Manual de Arboricultura Urbana para Lima y exista ‘un sustento técnico’. Todos estos escenarios, aclara Huerta, requieren de una autorización municipal del distrito o provincia competente. Esta solicitud debe sustentarse con un informe elaborado por especialistas, como ingenieros forestales.
‘Sin este paso, el retiro de árboles está prohibido. Aun así, la tala siempre será la última opción, cuando ya no se pueda hacer nada. Y en esos casos el responsable deberá compensar plantando una cantidad determinada de árboles (la cifra se determina por estudios)’, dice Huerta.
En el caso de las palmeras de Los Olivos, la Defensoría solicitó el mismo jueves a la comuna limeña la entrega del informe y la autorización municipal que debió efectuarse antes de la tala. Hasta el momento, no se han entregado dichos documentos.
Huerta afirma que los vecinos pueden denunciar un ‘arboricidio’ ante el municipio distrital o provincial competente (que debe responder como máximo en treinta días hábiles).
También se puede llamar a la línea gratuita que tiene la Defensoría del Pueblo (0- 800-15170) y así canalizar la denuncia.
Luego de las investigaciones, los responsables pueden ser multados según la ordenanza N° 1852 (ver recuadro).
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