Un periodista español fue multado por difundir en redes sociales una imagen de una detención policial, informó este viernes el medio para el que trabaja, en virtud de una nueva y polémica ley española, apodada “mordaza” por sus detractores.
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Según explica la revista vasca Argia en su página web, su reportero Axier Lopez fue sancionado con una multa de 601 euros (685 dólares), porque “publicó imágenes de una actuación policial en Twitter ‘sin autorización’”.
“A través de dichas imágenes es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”, se puede leer en la denuncia recibida y repoducida por la revista.
El objeto de la denuncia es una fotografía de la detención, el 3 de marzo en la localidad vasca de Eibar, en el norte de España, de la activista independentista Naroa Ariznabarreta.
La joven se había negado a comparecer en un juicio contra ella y otros participantes en 2007 en una manifestación en defensa de Segi, considerado por las autoridades españolas como la cantera de la organización armada independentista vasca ETA.
El reportero de Argia tomó la imagen en el marco de la cobertura periodística de la detención, según la misma fuente.
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Lopez fue multado en virtud de una ley, denominada “de seguridad ciudadana” pero rebautizada “ley mordaza” por sus detractores, que desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 ha sido objeto de numerosas protestas por parte de ONG como Amnistía Internacional, además de asociaciones de abogados o periodistas.
La ley prevé multas de hasta 600.000 euros para ciertas manifestaciones o actos de protesta no autorizados, y de hasta 30.000 euros por desórdenes públicos o por obstruir acciones de las autoridades como expulsiones de familias desalojadas.
En su artículo 36.23 prohíbe “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
Una mujer española había sido sancionada en agosto con una multa de 800 euros por haber difundido en internet la fotografía de un vehículo de policía aparcado en una plaza reservada para minusválidos. Ante la polémica creada, las autoridades renunciaron finalmente a imponer la sanción.
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