Perú declaró el estado de emergencia en la provincia del Callao, vecina de Lima, donde están el mayor puerto y aeropuerto del país, para combatir la ola de delincuencia, sicariato, narcotráfico y extorsión, que ha provocado muertes por riñas entre bandas.
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“He dispuesto, sobre esta situación y coyuntura que está pasando en el Callao, que se declare el estado de emergencia para enfrentar la delincuencia y poner orden interno como debe ser”, dijo el presidente Ollanta Humala a la prensa, tras participar de un foro empresarial. Próximamente se publicará el dispositivo legal para autorizar esta medida.
La declaratoria de emergencia era un pedido de sectores políticos y de la ciudadanía. El gobernador del Callao, Félix Moreno, invocó la mañana del viernes al gobernante Humala a tomar esa decisión, para pacificar el Callao.
Humala dijo que el objetivo de la declaratoria es “fortalecer a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con mayor fuerza y un mejor marco jurídico a la delincuencia”.
Una declaratoria de emergencia implica la suspensión de los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio, y supone la participación de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el resguardo de la seguridad.
No obstante, Humala aclaró que las tropas no participarán en labores de seguridad ciudadana, pero se establecerá un marco legal para que intervengan en caso se requiera.
Los índices de delincuencia e inseguridad en la Provincia Constitucional del Callao han subido notoriamente en los últimos meses por el accionar de bandas criminales y de sicarios.
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Según datos oficiales, en Perú ocurren 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, índice que casi se triplica en el Callao. En lo que va del año, la provincia acumula 150 denuncias por homicidio, según la justicia.
Hace dos días, un personaje con amplio prontuario e implicado en denuncias contra autoridades locales, fue asesinado de 25 balazos en el Callao, tras ser emboscado en su auto por ocho personas que iban en dos vehículos.
Según las investigaciones policiales, su muerte se debería a enfrentamientos entre bandas rivales y al pago de cupos, un sistema que se ha extendido en esa provincia a comerciantes, constructores y empresarios.
