La justicia peruana inició el jueves el juicio oral por asesinato y torturas a un exmilitar que, 22 años atrás, cortó y tomó las orejas y dedos de su víctima como trofeo de guerra en el marco del conflicto interno que vivió Perú entre 1980 y 2000.
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El crimen, que la fiscalía le imputa a Julio Garbay, ocurrió el 14 de julio de 1993 en la localidad de Antabamba (sur), cuando el entonces alférez del ejército al mando de una patrulla mató de un balazo a un campesino armado de un fusil, bajo la sospecha de integrar la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
Por ese hecho, un tribunal castrense condenó a Garbay en 1993 a tres años de prisión “por abuso de autoridad” y calificó el crimen como delito de función. En 1994, salió libre por una amnistía del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) a militares condenados por “vulneraciones a los derechos humanos”.
La calificación de delito de función se dio pese a que, en sus actas, el consejo de guerra admitió que “al civil Javier Rolando Velásquez Alarcón, se le secciona los dedos de la mano derecha, así como las orejas, con la finalidad de que no le identifique, manteniéndose como trofeo”.
En base a esa acta, el caso se reabrió en la década del 2000 y pasó al fuero civil luego que la justicia determinara que no se trató de un “delito de función” sino de un asesinato. El militar fue detenido en 2004. En el 2007, el Tribunal Constitucional rechazó un pedido de Garbay para ser liberado.
“Casos, como éste, caminan por inercia y los empuja un fiscal interesado. No es la primera vez que sucede”, dijo a la AFP Carlos Rivera, un abogado del Instituto de Defensa Legal, organización que defiende a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El ministerio de Defensa ha alegado permanentemente que no puede cooperar porque los expedientes de los militares que participaron en la lucha contra las guerrillas “se perdieron” en los últimos años.
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Un informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación acusó a los militares de “violación sistemática” a los derechos humanos y señaló que existirían unas 4.000 fosas comunes con víctimas de la violencia política.
La CVR cifró en 69.000 las víctimas del conflicto y responsabilizó a la guerrilla maoísta de haber desatado la violencia en el país.
