El desplome del precio del petróleo y la drástica reducción de las importaciones han generado una escasez sin precedentes en los supermercados venezolanos.
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Como consecuencia surgieron los “bachaqueros”, contrabandistas y vendedores ambulantes que compran productos subsidiados por el gobierno socialista para revenderlos en un mercado negro omnipresente.
Ante la falta intermitente de la mayoría de los productos básicos, los venezolanos se ven obligados a recorrer supermercados y tiendas, haciendo interminables colas para conseguir lo que buscan.
Nathalie Loreto no tiene ganas de perder el tiempo.
Esta diseñadora gráfica ha decidido comprar medicinas para sus hijos en la redoma de la barriada popular de Petare, en el este de Caracas.
“Gracias a Dios conseguimos lo que estábamos buscando, en otras oportunidades erá más fácil, pero cada vez se está haciendo más difícil así sea en la zona de los bachaqueros”, señala Nathalie Loreto.
En esta chabola vive Susana, una “bachaquera” de 32 años y madre soltera de cinco hijos.
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Hace año y medio, harta de que la inflación que ya se acerca al 100% anual devorara sus modestos ingresos, Susana se embarcó en la venta ilegal de algunos productos básicos.
‘Era conformista, si hay para la comida bueno gracias a Dios, pero al ver que tus hijos no tienen un lápiz, un cuaderno, unos buenos zapatos con que ir al colegio, y sin nadie que te dé, tienes que buscar cómo defenderte’, cuenta Susana.
Su rutina empieza a las dos de la mañana. Hace largas horas de cola en supermercados donde, valiéndose de contactos y artimañas sortea el racionamiento y accede a más mercancía.
“Por ejemplo el detergente cuesta 88 Bs. los pañales me salieron en ciento y pico, la acetona en 117,50 Bs. pero imagínate si duras hasta 5 o 6 horas para comprar el producto, no lo puedo comprar en 100 Bs. y venderlo en 120 Bs. porque de verdad uno se cala el sol, aguanta hambre en la calle”
El gobierno de Nicolás Maduro considera este fenómeno como parte de una guerra económica de los empresarios y la oposición.
Mientras, sus adversarios aseguran que es consecuencia de las distorsiones de una economía de controles, expropiaciones, corrupción e ineficiencia.
