El Ministerio de Cultura pidió a la Fiscalía investigar las denuncias de discriminación en un balneario al norte de Lima, porque se le negó el ingreso a personas por sus características étnico-raciales y su condición económica.
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“Cuando quisimos entrar a la playa vimos que a los blancos los dejaban pasar y a los de rasgos andinos no”, dijo el viernes a la AFP Wilfredo Ardito, representante del colectivo Ciudadanos luchando contra el racismo, que ha estado denunciado la situación a través de Facebook en la última semana.
El caso, ocurrido en el distrito limeño de Ancón (norte), fue considerado “un problema serio” por Gabriela Perona, de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura.
“Esto sucede en distintos lugares del litoral peruano”, dijo Perona el viernes a la AFP.
En consecuencia, el Ministerio informó en un comunicado el jueves que ha solicitado “la intervención del ministerio Público para restablecer el orden en esos espacios públicos y prevenir futuros actos discriminatorios”.
“Hay una naturalización de la privatización de espacios públicos que se cruza luego con situaciones de discriminación por estereotipos”, explicó Perona.
Esta privatización se traduce en playas cercadas, estrictos controles de bolsas y mochilas, decomiso de bebidas y alimentos.
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En los casos como el de Ancón, la prohibición de ingreso son realizados por agentes de seguridad privados pagados por los vecinos-propietarios, dijo.
La Constitución de Perú reconoce que toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional y una Ley establece que las playas del litoral de la República son bienes de uso público.
Sin embargo, en la práctica no está garantizado el libre tránsito ni se registra una sola sentencia penal por el delito de discriminación racial o racismo en la historia de la justicia peruana.
“Tenemos dos problemas: la indiferencia ante el incumplimiento de la ley y el hecho de que la discriminación está inmersa en la cultura y en la educación de los peruanos, todos discriminan a todos”, señaló a AFP Luis Lamas, abogado penalista.
A la fecha, el Sistema de Reporte Ciudadano, implementado por el ministerio para estos casos, registró 160 casos. “Suena poco pero no lo es. El informe de la Defensoría del Pueblo de los últimos cinco años registró 13 quejas por discriminación racial”, dijo Perona.
