El día de su ejecución, el 16 de junio de 1944, George Stinney, que apenas pesaba 43 kilos, era tan pequeño que su verdugo tuvo que poner una guía telefónica debajo de sus nalgas para que no se deslizara en la silla eléctrica.
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En un fallo emitido el miércoles la jueza Carmen Tevis Mullen de ese estado del sureste de Estados Unidos afirmó que el proceso judicial contra George Stinney había estado plagado de “violaciones fundamentales y constitucionales a un proceso regular”.
“No recuerdo un caso en el que abundaran tantas pruebas de violaciones de los derechos constitucionales y tantas injusticias”, escribió la magistrada.
George Stinney había sido detenido tras el descubrimiento en una fosa de los cadáveres de Betty June Binnicker, de 11 años, y de Mary Emma Thames, de 7 años, asesinadas a golpes.
Ambas niñas habían desaparecido tras un paseo en bicicleta en la pequeña ciudad de Alcolu, dominada por la segregación y en la que la mayor empresa local era un aserradero.
Durante un proceso que no duró más de una jornada, la Policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en ese sentido en los archivos judiciales.
Su abogado, un cobrador de impuestos blanco, en ese entonces en plena campaña para su reelección, convocó a muy pocos testigos y apenas realizó algunos simulacros de contra interrogatorios. Ni siquiera intentó postergar el juicio.
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“Parece que hizo muy poco, o nada, para defender a Stinney”, escribe la jueza.
Al jurado, integrado exclusivamente por hombres blancos, le bastaron apenas unos minutos para condenar al adolescente a la pena capital. Su abogado no apeló el fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución.
Al examinar las actas del proceso, la magistrada Mullen explica que no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen, sin duda una barra o una varilla de hierro.
En lo que se refiere a la confesión de Stinney, la jueza estima que el policía la obtuvo de una “manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales”.
Tras la ejecución, apenas tres meses después del asesinato de las dos niñas, la familia de Stinney abandonó la ciudad por temor a las represalias.
Su hermano y su hermana, hoy septuagenario y octogenaria, emprendieron hace años un combate judicial para rehabilitar el nombre de su hermano. “Estoy tan feliz, esta decisión ha tardado demasiado”, admitió Katherine Stinney Robinson al diario local.
La sobrina de Betty June Binnicker, una de las dos niñas asesinadas, se mostró, en cambio, indignada por la decisión.
“Todos sabíamos de qué manera y quién mató a Betty June. Crecimos con eso”, declaró Frankie Bailey Dyches a la prensa local. “Les contrarió que (George Stinney) fuera ejecutado tan joven, pero así funcionaba la ley en aquella época”, agregó.
