Una sucesión de hechos en los últimos días han sacado a relucir hasta qué punto el crimen organizado puede mezclarse con la política.
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Un camión de campaña del candidato a una alcaldía en Barranca, en la costa central peruana, fue detenido el viernes con 400 kilos de cocaína.
Horas despúes, la presidenta de la Junta Electoral de Ica (sur) renunció por temor a “narcocandidatos” de esa región en la campaña para los comicios del próximo 5 de octubre.
Pero el narcotráfico no es el único cáncer en una política peruana impactada por varios casos de sicariato contra opositores políticos.
“De todos los candidatos que se presentarán para las elecciones regionales hemos verificado que hay unos 1400 que han sido condenados con sentencias firmes por distintos delitos, muchos de ellos por robo al Estado y narcotráfico”, dijo a la AFP Gerardo Távara, que preside en Lima la organización Transparencia.
“Hay 12 candidatos, entre ellos postulantes a alcaldes y regidores (concejales), que fueron condenados por homicidio”, añadió.
La pésima reputación que tiene hoy la política peruana se agrava en las regiones.
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Cuatro gobernadores regionales fueron detenidos recientemente y un quinto está prófugo, todos ellos acusados por delitos de corrupción en el manejo discrecional de cuantiosos fondos que reciben por canon minero y otros recursos.
“Lo que ocurre es que el Estado y los grandes partidos han abandonado hace tiempo a las regiones. Los movimientos regionales han coptado los cargos locales e imponen allí su ley y no rinden cuentas a nadie”, afirmó Távara.
El presidente de la región de Loreto (norte) fue detenido en julio con orden de prisión preventiva que luego le fue levantada mientras avanza su proceso. En junio fue apresado el gobernador de Cajamarca (norte). Y en la misma situación quedaron los presidentes de Ancash (norte) y Pasco (este) mientras que el gobernador de Tumbes (norte), también con orden de detención, se encuentra prófugo.
Pese a los problemas que enfrentan, algunos de ellos no abandonan sus planes reeleccionistas en los comicios en los que además de gobernadores se eligen alcaldes y regidores municipales (concejales).
Un sistema vulnerable
La Junta Nacional Electoral inició esta semana una campaña en la que pide a la población “eligir un candidato sin mancha”. Y anunció que trabaja en un sistema para publicar los antecedentes de los postulantes, su formación y experiencia.
“Estamos en una situación que Perú no puede darse el lujo de mantener. La democracia peruana tiene que protegerse y para eso es muy importante elevar la vara de condiciones a los candidatos”, indicó Távara.
El Congreso debería dar una nueva ley, señalan las organizaciones civiles, pero admiten que legisladores y dirigentes que han sido elegidos en estas condiciones no quieren ir contra esas reglas.
“Nuestro sistema electoral es muy vulnerable. Hay personas con amplios antecedentes delictivos y aún así logran postular. Se abusa de la presunción de inocencia”, consideró la procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina.
Según Transparencia, el partido Alianza para el Progreso tiene 114 de sus candidatos que han recibido condenas judiciales. El fujimorismo (Fuerza Popular) tiene 61 candidatos que fueron condenados y Acción Popular 50, mientras el APRA, el partido más antiguo de Perú, tiene 26 postulantes que fueron condenados por algún delito.
“Según la ley, quienes están siendo procesados, pero no fueron condenados tienen derecho a participar, igual que los que han cumplido sus condenas”, dijo a la AFP Percy Medina, director del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
“Hemos hecho una invocación a los partidos para que seleccionen adecuadamente a sus candidatos”, mencionó. Y dijo que el sistema electoral debe “evitar que existan caballos de troya en los partidos en los que se infiltra el crimen organizado”.
