“Empezaremos con la mitad de hectáreas proyectadas al final, serían cinco hectáreas como máximo”, dijo a la AFP el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), explicando que “hay que ser cautos, esto es un proceso inicial”.
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“Si plantáramos 10 hectáreas para cubrir toda la demanda estimada, ¿qué hago con lo que sobra? Tendríamos que almacenarla con determinadas condiciones y eso se complica tremendamente”, indicó.
Según los cálculos oficiales, se necesitarían entre 18 y 22 toneladas anuales para abastecer un mercado estimado en 150.000 consumidores, que deberán registrarse para acceder al cannabis mediante el cultivo en clubes, el autocultivo o la compra en farmacias, eligiendo una sola opción y con límites de cantidades.
Así, la producción inicial irá en consonancia con el registro de usuarios, que todavía no está en funcionamiento, y se irá aumentando en forma progresiva, explicó Calzada.
Habrá distintas variedades de marihuana legal, con cuatro niveles diferentes de concentración de tetrahidro cannabinol (THC), principal constituyente psicoactivo del cannabis, para que el público pueda elegir entre concentraciones de entre 5% y 14%, añadió.
La plantación que se hará en un único predio, cuya definición está en manos del presidente José Mujica será adjudicada a privados mediante un “proceso competitivo” entre más de un centenar que manifestaron interés en hacerlo.
Finalmente el gobierno seleccionará unos pocos cuatro como máximo para ocuparse de la producción, en una decisión en la que pesarán los antecedentes y experiencia de las empresas pero también incidirá que puedan hacer frente a una inversión inicial estimada en un millón de dólares.
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“Según el estudio económico que tenemos, a partir de una producción de dos toneladas empieza a ser un negocio rentable, viable”, aseveró Calzada, estimando que para ese monto de producción se lograría una ganancia en torno a 250.000 dólares.
“Y empieza a ser una propuesta interesante a partir de las cuatro toneladas de producción. Pero no queremos que quede en manos de muy poca gente”, indicó.
– Un proceso “irreversible” –
El plan es entonces tener definidas las empresas que producirán en agosto para que éstas puedan plantar en setiembre u octubre y que el cannabis esté en las farmacias a más tardar en diciembre, cuando ya se conocerá quién sucederá el año próximo al presidente José Mujica, principal impulsor de la norma.
Calzada cree que “gane quien gane” las elecciones de octubre, “el proceso va a continuar”.
“Queremos dejarlo andando porque es una responsabilidad política. Sabemos que en el próximo periodo, según quién esté a cargo, le dará un énfasis diferente. Pero es muy difícil desarmarlo por la lógica de la sociedad uruguaya, donde el peso de la legalidad es importante”, opinó. “Lo sustancial me parece que se va a mantener. Es decir que se ha dado un paso que en muchos aspectos es irreversible”.
La ley que reguló el mercado de la marihuana, aprobada en diciembre pasado, dejó en manos del Estado la tarea de controlar todos los eslabones de la cadena, desde la importación de las semillas hasta la venta de la sustancia en farmacias.
Solo mayores de 18 años inscriptos en el registro y residentes en el país podrán comprar hasta 10 gramos semanales de cannabis (con un tope de 40 gramos mensuales) y a un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (unos 0,9 dólares).
Este lunes el gobierno tenía previsto empezar a seleccionar el software que pondrá en marcha, antes de fines de julio, el registro de autocultivadores y clubes de consumidores, que serán legales solo si están inscriptos y tendrán límites de producción.
Para julio también está previsto que se apruebe el decreto reglamentario sobre el cáñamo industrial, mientras que la reglamentación de la marihuana medicinal llevará todavía dos o tres meses más.
