Los 56 habitantes en edad de votar del pueblo Castrillo Matajudíos, en el norte de España, tendrán que decidir en un referéndum el 25 de mayo si cambian el nombre de esta aldea por otra que describa de forma más positiva su herencia judía.
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“En los tiempos que corren hoy en día… Castrillo Matajudíos, la gente dice ‘vaya pueblo, allí matan a judíos, habéis matado a judíos’”, dice el alcalde del pueblo, Lorenzo Rodríguez, que ha tenido la idea de este referéndum.
“Hay vecinos, empresarios que viajan a Israel, han estado por allí, y procuran no sacar el carné de identidad. Es un nombre que entendemos que hoy en día no es muy correcto”, añade.
Si los habitantes de este pueblo, cercano a la ciudad de Burgos, aceptan cambiar el nombre, podrán rendir un homenaje a su herencia, optando por Motajudíos o Mota de Judíos.
De hecho, según Rodríguez, el origen del pueblo se remonta a 1035, cuando judíos que habían sido expulsados y desposeidos de sus bienes en otros lugares de España, se refugiaron ahí, en una pequeña colina o “mota”.
Permanecieron ahí hasta 1492, cuando los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos que rechazaran convertirse al catolicismo.
El ayuntamiento quiere ahora reunir fondos para financiar un estudio y una excavación arqueológica para trazar la historia del lugar.
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La primera mención del nombre de Castrillo Matajudíos aparece en 1623, según el arqueólogo Angel Palomino, encargado de un estudio histórico preliminar. Los descendientes de los judíos, convertidos al catolicismo, podrían haber decidido cambiar el nombre del pueblo después de 1492 para demostrar su fervor.
“Por los documentos sabemos que en este lugar se produjeron varias matanzas de judíos por parte de gente de afuera como ha pasado en muchas otras juderías en España y en otras partes de Europa”, explica Palomino, que cree que, entre 300 y 400 hogares, es decir, unas 1.500 personas, habitaron la zona judía de Castrillo Matajudíos antes de la expulsión de los judíos de España.
Según los historiadores, al menos 200.000 judíos vivían en España antes de las expulsiones de 1492. Los que rechazaron marcharse o convertirse fueron ejecutados y quemados vivos.
Afirmando querer reparar un “error histórico”, el gobierno español aprobó en febrero un proyecto de ley destinado a facilitar la naturalización de los judíos sefardíes.
