El gobierno de Michelle Bachelet declaró esta mañana zona de emergencia a dos regiones del norte de Chile afectadas por un terremoto de magnitud 8.2 registrado la noche de ayer.
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El gobierno declaró zona de desastre en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota con la intención de “evitar saqueos y el desorden”.
“Enfrentado al pozo de emergencia” y ha pedido a los de las regiones afectadas “a mantener la calma y siga las instrucciones de las autoridades”, aseguró Bachelet.
La mandataria, quien viajará este miércoles a la zona para conocer sobre el terreno la dimensión de la catástrofe y supervisar las medidas adoptadas, firmó un decreto de estado de excepción constitucional que, entre otras medidas, supone que las fuerzas de seguridad y de orden quedan bajo control de mandos militares.
A diferencia de lo ocurrido en el terremoto de hace cuatro años, esta vez la mandataria tomó decisiones inmediatas al recurrir a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público y evitar saqueos.
Según la ley chilena, el estado de catástrofe lo adopta el jefe del Estado ante situaciones de calamidad pública, toda vez que contempla la posibilidad de limitar ciertas garantías constitucionales.
Hasta el momento se sabe que al menos seis personas han muerto y decenas de miles de personas han sido evacuadas.
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El sismo ocurrió a las 20:46 hora local ( 23:46 GMT) sobre 86 kilómetros (52 millas) al noroeste de la zona minera de Iquique, informó el Servicio Geológico de EE.UU..
Olas de hasta 2,1 m (aproximadamente 6 pies) han afectado a algunas zonas y se produjeron cortes de electricidad, incendios y derrumbes.
Asimismo, decenas de réplicas se han reportado durante la noche, incluyendo un temblor 6.2.
Fuga de la prisión La policía está buscando a cientos de prisioneros que escaparon de una cárcel de mujeres en Iquique.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo a la televisión chilena que unos 300 presos se habían escapado, pero los funcionarios confirmaron más tarde que 26 ya fueron recapturados.
El DATOAntecedente. En febrero de 2010, la oposición de derechas criticó a Bachelet por firmar el decreto dos días después de la catástrofe, cuando ya se habían producido graves desmanes.
