El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruíz, analizó las consecuencias del reciente anuncio del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sobre la exoneración del Estudio de impacto ambiental (EIA) para la actividad sísmica.
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‘La eliminación de los EIA de la exploración de lotes petroleros dificulta e impide el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pues obstruye y bloquea el derecho de estos pueblos a conocer los reales impactos de la decisión a ser consultada, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.’, afirma Ruíz.
‘El mejor ejemplo es el Lote 88, pues sin el EIA del mismo, jamás el Viceministerio de Interculturalidad podría haber tomado conocimiento de los impactos de éste en los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial’, sostiene el experto.
‘Los EIA no solo da alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también asegura que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad’, continúa.
Asimismo, sostiene que esta ausencia de voluntad política genera una responsabilidad internacional del Estado frente a esos compromisos asumidos luego de ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).’
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció durante la presentación del Libro Blanco de los Hidrocarburos elaborado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) que “se van a eliminar los estudios de impacto ambiental para la actividad sísmica”.
En ese sentido, explicó que la “idea es pasar de la tramitología y la permisología, a la acción”.
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También afirmó que el gobierno está está trabajando en la zonificación para la actividad de hidrocarburos, tanto en Talara, los lotes off shore y en la selva, donde se tiene que separar los niveles de exigencia en cada uno de estos lugares.
