“Abortar es un delito, entonces lo que hemos dicho es que en todo caso se constitucionaliza la vida a partir de esta sentencia, está reconocido el derecho a la vida”, dijo el magistrado Gualberto Cusi, en diálogo con periodistas en la ciudad de Sucre (sureste), sede del Poder Judicial.
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“¿Se rechaza la despenalización?”, preguntaron los periodistas al ministro del Tribunal Constitucional. “Exacto, exacto”, respondió.
“Hay una sentencia en la cual yo firmo y espero que se notifique a las partes”, agregó.
“Ya hay un fallo, que está observando el interés de la sociedad”, agregó Cusi, en alusión a una decisión que sigue la posición manifestada por las iglesias y otros colectivos sociales e indicó que con esta decisión “el razonamiento que se maneja es que se respeta la vida desde la concepción”.
La diputada oficialista Patricia Mancilla, junto a organizaciones feministas, presentó en junio del año pasado una solicitud ante el TC para despenalizar el aborto y eliminar las sanciones vigentes en el Código Penal desde la década de los 70.
El gobierno boliviano se mantuvo imparcial ante el debate generado por el tema y no se pronunció este jueves tras la decisión.
Tras conocer la solicitud de la diputada el presidente Evo Morales dijo entonces que “cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que debatiremos en gabinete los debates que están sosteniéndose en la opinión pública”, sin asumir una postura oficial definitiva.
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La acción legal primaria abrió un proceso de debate público, pues instituciones pro-vida y las iglesias católica y evangélica rechazaron cualquier iniciativa para legalizar el aborto.
“Yo expresé varias veces que hasta las piedras hablan, tienen vida. Si hasta una piedra tiene vida ¿cómo podemos desproteger la vida de una persona?… no podemos ir en contra de nuestros principios y valores”, manifestó Cusi, de origen aymara.
El Código Penal boliviano establece penas de prisión variables para la mujer y el médico o quien realice el aborto. Las únicas excepciones, mediante solicitud ante juez, son en caso de violación y cuando está en riesgo la salud de la madre.
El TC, de siete miembros, también ordenó a la Asamblea Legislativa mejorar las normas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.