El fiscal Marco Guzmán Baca concluyó que en el plan de esterilizaciones forzadas al que fueron sometidas unas 1500 mujeres durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori hubo violaciones a los derechos humanos, pero no delitos de lesa humanidad dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
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Ante ello, el fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial denunció penalmente ante el Poder Judicial a un grupo de médicos de Cajamarca por su presunta responsabilidad en el caso.
El caso habia sido archivado en 2009, pero fue reabierto en junio de 2013 gracias a la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano. Esta fue hecha debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto y una de ellas había muerto a consecuencia de las esterilizaciones.
