Hoy desde las 10 de la mañana la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso Ecoteva debate el preinforme que recomienda denunciar al expresidente Alejandro Toledo por delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
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Desde el inicio del debate se percibió la marcada posición de los grupos políticos. Es así que el integrante de Perú Posible, José León, comenzó haciendo una crítica al informe y la ‘mala interpretación’ del derecho de tratados internacionales.
‘Yo al igual que mi partido no compartimos la tesis de que en el Congreso se puede hacer lo que se les dé la gana. (…) Nadie está por encima de las leyes’, indicó. Además, lamentó el ‘ímpetu político’ durante la elaboración del informe.
El congresista Yonhy Lescano de AP-FA se sumó a las críticas del informe y resaltó que este llegó a una conclusión a partir de ‘declaraciones de personas’ y no en base a un valor de información financiera.
Lescano precisó que el informe debe de aclarar tres puntos: el primero, en el informe remitido el 3 de octubre de 2013 por parte del embajador de Perú en Costa Rica, este menciona que hay, efectivamente, empresas constituidas en el país pero no precisa quién es el dueño de las mismas. ‘No se ha hecho ninguna investigación a estas empresas. No sabemos si está a nombre de Maiman o Toledo’, resaltó.
En segundo lugar, mencionó que durante la declaración de Yosef Maiman en la 48 Fiscalía Penal el pasado 5 de julio este reconoció que pidió la reestructuración de sus empresas (Ampal), lo que implicaba la disolución y liquidación de las mismas.
‘Se debe determinar si el Sr. Maiman estaba en quiebra o no. Si podía dar ese dinero a Ecoteva para realizar este tipo de compras (…) y en el informe sobre este punto no dice nada’, acotó Lescano.
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Finalmente, criticó que durante la declaración de Toledo ante la 48 Fiscalía se mencionó la empresa Global Economic and Investmen en Panamá pero que no se sabe si esta fue constituida de forma legal. ‘No se ha hecho ningún tipo de análisis’, culminó.
En ese sentido, la congresista posibilista Carmen Omonte coincidió en los puntos mencionados y mencionó que el trabajo realizado por la comisión ‘no aportó nada nuevo a la investigación realizada por la fiscalía’ y que para lo único que ha servido esa mesa de trabajo es para criticar a Toledo.
En respuesta, el fujimorista Juan José Díaz Dios defendió el informe y respondió a las críticas sobre el lenguaje ‘condicional’ del mismo. ‘Los únicos que no pueden hablar en condicional es el poder judicial porque ellos son los que pueden emitir un informe condenatorio’, precisó.
Julio Gagó de Fuerza Popular coincidió con Díaz Dios y ahondó en los conceptos de ‘lavados de activos’ y sus actos preparativos que, según el fujimorista, los indicios involucran claramente a Alejandro Toledo.
‘El ‘lavador’ puede transferir y comprar activos y este acto culminó con la compra de propiedades y el pago de las hipotecas con la ayuda de un ‘colocador’; esta tercera fase involucra al señor Toledo con indicios más que suficientes’, agregó.
Si prospera la emisión de un dictamen con el contenido del informe, solo quedaría la discusión y votación en el pleno del Parlamento. Ello se realizaría en el nuevo período de la legislatura 2014-2015, es decir, a partir del 7 de marzo.
Recordemos que la última semana Luis Lamas Puccio, abogado defensor del exjefe del Estado anunció que de ser necesario acudirá a instancias internacionales si el Congreso decide aprobar el preinforme de la Comisión de Fiscalización.
