Tuvieron que pasar cerca de 17 meses de debates para que la Comisión de Educación del Congreso apruebe ayer, por mayoría, los 16 capítulos de la nueva Ley Universitaria, incluidas sus disposiciones complementarias.
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En la sesión de ayer, los capítulos XV y XVI, referidos al personal no docente y al bienestar universitario, respectivamente, consiguieron el voto aprobatorio de la mayoría, pese a que la bancada fujimorista -según denunció el titular de la comisión Daniel Mora- intentara dejar la reunión sin quórum.
‘Se intentó, como siempre lo han hecho, no dar quórum a la sesión ordinaria que teníamos. Se presentaron congresistas de la bancada fujimorista y cuando vieron que llegaban miembros de otras bancadas, comenzaron a salirse discretamente’, indicó a RPP.
Al margen del incidente, el texto sustitutorio del proyecto de ley entró a su última etapa. El siguiente paso será la revisión total del documento para luego ser llevado al Pleno del Congreso, donde será debatido y votado. Esto se llevaría a cabo en la próxima legislatura, ya en el 2014.
El más satisfecho con la aprobación de todos los capítulos es Mora, quien desmintió que la nueva ley afecte la autonomía universitaria, como advierte la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
‘Esta reforma busca la calidad universitaria en todos sus extremos. Ese es el único condicionamiento’, aseguró.
Al respecto, Orlando Velásquez, presidente de la ANR, a través de un comunicado, manifestó que no hubo un debate profundo, transparente y amplio del proyecto de ley, al que tilda de inconstitucional porque ‘vulnera la autonomía universitaria’.
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Asimismo, denunció que la Superintendencia que se pretende crear mediante esta ley ‘no se ajusta a los manda tos de la Constitución Política del Perú’.
A las críticas se sumó el ex presidente Alan García, actual director del Instituto de Gobernabilidad y de Gestión Pública de la Universidad San Martín. ‘Significa un grave retroceso de la libertad de pensamiento en el sistema universitario de nuestro país’, declaró.
El líder aprista teme que el futuro sistema de evaluación de calidad educativa (el llamado Sineace) se convierta en una herramienta ‘política y burocrática’ del poder de turno.
