“¡Por favor dejen pasar a todos los congresistas!”, increpa el exmandatario, en tono enérgico y elevando la voz, al personal de la clínica Centenario en el distrito limeño de Pueblo Libre, de acuerdo al video grabado subrepticiamente y propalado por el programa “Sin medias tintas” de Frecuencia Latina.
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Fujimori, a quien se le ve con una bata, de pie, fuera de su habitación y frente a un mostrador de enfermeras, insiste y acusa a una de ellas de lo que le pueda pasar. “¡Usted puede ser responsable porque se me suba la presión!”, añade, sin dejar de elevar la voz.
Su imagen difiere de la apariencia deteriorada que mostró el jueves cuando se presentó ante un tribunal en un nuevo juicio iniciado en su contra.
En esa sesión se le vio descuidado, vestido informalmente, despeinado y cabizbajo, lo que generó cuestionamientos de la prensa y de sus críticos que señalaron que era un montaje para impresionar al tribunal al presentarse como víctima.
El procurador anticorrupción Julio Arbizu dijo que todo se trataba de un “fujishow” y señaló que esperaba que “no se armen más shows”.
Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del exgobernante, rechazó la difusión de ese video y acusó al gobierno de haber grabado esas imágenes “en forma premeditada y de manera malévola para humillar a mi padre”.
Explicó que en el video se aprecia la “frustración y desesperación” de su padre porque se impedía el ingreso de su hermano Kenji, quien luego pudo ingresar.
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Fujimori (1990-2000) fue dado de alta en la tarde de este domingo y volvió a su prisión en una base policial al este de Lima donde cumple condena de 25 años por violación de derechos humanos y corrupción.
El expresidente fue internado el viernes al día siguiente de comparecer en la audiencia judicial, lo que le provocó según Keiko Fujimori el aumento de la presión arterial.
Tras ser sometido a varios exámenes se le detectó una cardiopatía hipertensiva, dijo su hija.
Fujimori (1990-2000) es acusado de financiar con dineros públicos a diarios sensacionalistas que a finales de su régimen tenían la consigna de denigrar y difamar a sus opositores políticos.
El fiscal ha pedido se le imponga una pena de ocho años de cárcel y el pago de un millón de dólares como reparación civil. Las condenas en Perú no se acumulan y prevalece la mayor.
