Los recientes cuestionamientos de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos, a la norma que impone cuotas al sector público y privado para contratar a personas con discapacidad ha reavivado el debate sobre la inclusión laboral de este colectivo.
PUBLICIDAD
Ayer, la Asociación de Exportadores (ADEX) criticó la Ley General de la Persona con Discapacidad, que incluye un apartado que estipula que las empresas privadas deben contratar al menos a un 3% de trabajadores con discapacidad (en el caso del sector público es el 5%).
La semana pasada, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, la ministra Laos admitió que la cuota ‘no se está cumpliendo y será difícil de cumplir’. Explicó que no existe una correlación entre la demanda de las empresas y las características del mercado laboral de discapacitados en nuestro país.
Desde ADEX (en la misma línea que la ministra Laos), ahora se alerta que ‘será muy difícil’ que empresas dedicadas al comercio exterior cumplan estos objetivos, pues aseguran que existe un déficit de personas con discapacidad calificadas para lo que requiere este sector.
‘(Las cuotas) son muy elevadas, si es que se toma en cuenta la reducida oferta de mano de obra calificada en este grupo de personas’, refirió en una nota de prensa Eduardo Amorrortu, presidente de ADEX. Por ello, pidió rebajar la cuota a un porcentaje adecuado a la mano de obra disponible.
Para Amorrortu, una mejor manera de incentivar la contratación de personas con discapacidad pasa por ofrecer incentivos tributarios y laborales a las empresas.
‘Contratarlos, dejando de lado todos los requisitos de especialización y experiencia, es obligar a las empresas a asumir un sobrecosto que no todas podrán afrontar con éxito’, asegura.
Para suplir estas deficiencias, el Gobierno presentará programas de capacitación piloto laboral para personas con discapacidad.
