El gobierno de Cristina Fernández está ultimando detalles para realizar un pago unilateral a Repsol por el valor de mil 500 millones de dólares, como compensación por la expropiación realizada el año pasado del 51% de YPF, según informó La Nación.
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Esta operación, en la que trabajan funcionarios de los ministerios argentinos de Economía y Planificación, junto a ejecutivos de YPF, supone movilizar una cifra compensatoria muy inferior a los 10.500 millones de dólares solicitados por Repsol.
De hecho, el plan del Ejecutivo argentino no tiene visos de recibir una respuesta favorable por parte de Repsol ni de impedir que la compañía española siga adelante en sus denuncias internacionales contra la expropiación.
El pago podría ser inferior El diario argentino señala que, si en los próximos días no se abriera un canal de diálogo con la compañía española, el Gobierno desembolsará estos 1.500 millones de dólares, o incluso menos, en moneda local, al tipo de cambio oficial y en una cuenta del Banco Nación.
El Ejecutivo del país considera que este pago le permitirá cumplir con la legislación nacional. El encargado de fijar el importe es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el caso el mes pasado y que podría emitir una conclusión a principios de octubre.
La ley argentina de expropiación concede un plazo de dos años al Gobierno desde la expropiación para determinar el importe indemnizatorio. La Nación da por hecho que el importe que salga del tribunal de tasaciones no será más que el que determinen las autoridades políticas.
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Opiniones sobre la indemnización En los círculos argentinos de poder existen dos visiones acerca de la indemnización, dice el diario. Por un lado, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, sostiene que no hay que compensar a Repsol, sino lo contrario, que es la empresa española la que debería devolver dinero a Argentina.
Frente a esta posición, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, quiere cerrar el capítulo de la expropiación y defiende el pago de una indemnización que resulte creíble a los inversores internacionales y no dañe la imagen de la petrolera. Por ese motivo, es más favorable a una solución amistosa.
