Maduro confirmó que concretará el martes el retiro, un año después de que el gobierno del fallecido Hugo Chávez, su mentor, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que deja fuera a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asentada en San José.
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En rueda de prensa, el mandatario aseguró que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pilares del sistema humanitario de la OEA están “capturadas” y sirven “al imperio” para torpedear a Venezuela y a los gobiernos progresistas.
“La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron, ellos se creen un poder supranacional (…). Es una decisión acertada, justa y que además defiende a nuestra patria de cualquier intento por mancillarla”, afirmó Maduro.
Un día antes de que Venezuela salga de la Corte, el líder opositor Henrique Capriles denunció ante la CIDH la elección del pasado 14 de abril que perdió frente a Maduro por un estrecho margen, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisibles sus impugnaciones.
“Aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron fraudulentas”, dijo en Washington el dirigente opositor Ramón José Medina, al presentar la denuncia en representación de Capriles.
Maduro advirtió que la Comisión que evalúa las denuncias de ciudadanos cuando estén agotadas las vías internas y eleva casos al tribunal nada tiene que ver con el sistema electoral venezolano.
“¿Están esperando que saque una resolución que diga que no soy presidente? No lo hacen por estúpidos sino por perversos, o pudiera ser estúpidos perversos”, expresó.
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Organismos de derechos humanos locales e internacionales han pedido a Maduro, sin éxito, que dé marcha atrás en la decisión, pues temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia venezolana.
“Un mal precedente”
Venezuela se convierte en el segundo país en denunciar la Convención o Pacto de San José, después de Trinidad y Tobago en 1998, y ahora estará en el pequeño grupo encabezado por Estados Unidos y Canadá que desconocen la competencia de la Corte.
“Venezuela está desconociendo sus compromisos internacionales y violando su propia Constitución (1999), que lo ancló a respetar tratados superiores y a garantizar derechos ciudadanos”, dijo la AFP Raúl Arrieta, representante ante el sistema interamericano de derechos humanos en los primeros dos años del gobierno de Chávez hasta que fue destituido.
La Corte no podrá conocer violaciones a derechos humanos ocurridas después del martes sí las que hayan ocurrido antes, en tanto que la Comisión, a la que Caracas no permite visitas desde 2002, podrá seguir evaluando y emitiendo reportes sobre Venezuela con carácter informativo.
“Es una grave reducción de la tutela de las víctimas y en general de la protección de los derechos de los venezolanos”, declaró a AFP Liliana Ortega, directora de COFAVIC, una ONG humanitaria venezolana.
Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos del Mercosur cuya presidencia temporal ejerce Caracas, que actúen para evitar que se concrete la medida, a su juicio “grave”, mientras Amnistía Internacional la calificó como una “afrenta” a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Ortega precisó que en Venezuela hay una “grave impunidad” con sólo el 3% de los casos de violación a los derechos humanos en tribunales, y un “profundo déficit institucional” porque “no hay una separación de poderes del Estado”.
“Nos encontramos frente a un percance histórico y político (…) El gobierno desea tener un poder absoluto sobre sus ciudadanos”, declaró Pedro Nikken, expresidente de la Corte IDH, al diario Universal.
Historial de condenas
Venezuela ha recibido 15 condenas en la Corte por ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. Según reportes de la prensa, 13 tienen pendientes reparaciones a las víctimas.
La gota que derramó la copa fue una sentencia dictada por la Corte hace poco más de un año por malos tratos al venezolano Raúl Díaz Peña durante sus seis años de cárcel, condenado por participar en los atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia.
Otros casos emblemáticos son las condenas en 2011 por violación de derechos políticos a Leopoldo López, entonces presidenciable de la oposición, inhabilitado para ejercer cargos tras ser acusado por el gobierno de corrupción.
Venezuela también fue condenado por la masacre de 14 campesinos en 1996, conocida como “El Amparo”, y la represión policial y militar en la ola de protestas en 1989 que dejó cientos de muertos (“El Caracazo”), así como ejecuciones cometidas por policías en 2001 y entre 1998 y 2012.
