La sentencia anula el fallo del Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima que en 2009 calificó la acción desplegada para conjurar el motín como un crimen de lesa humanidad, señalando que el Poder Judicial realizó una “indebida calificación de los hechos”.
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La matanza de presos acusados de pertenecer a la agrupación maoísta Sendero Luminoso se registró entre el 18 y 19 de junio de 1986, al estallar motines en tres penales de Lima durante la realización en la ciudad de una reunión de la Internacional Socialista, con numerosos invitados extranjeros.
El gobierno de Alan García, presidente en ese entonces, ordenó a los militares restablecer el orden en las cárceles y la Marina de Guerra fue la encargada de sofocar el motín en la prisión El Frontón, una isla frente a Lima hoy abandonada, la cual fue bombardeada y escenario de ejecuciones sumarias de rendidos, según investigaciones judiciales.
Según el TC los hechos de El Frontón “no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado”.
La resolución del tribunal generó el repudio de organizaciones humanitarias que la rechazaron de plano.
“Es un fallo con nombre y apellido: Alan García, a quien por anticipado se le ha exonerado de cualquier responsabilidad en la matanza”, dijo a la AFP Ronald Gamarra, exprocurador del Estado en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos local, dijo a la AFP que de esa manera “se está brindando impunidad a García pues el TC señala que no se podrá abrir procesos en el futuro a personas que podrían estar vinculadas al caso”.
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García, quien gobernó Perú dos periodos (1985-1990 y 2006-2011), es considerado un seguro candidato para las elecciones de 2016 por el partido Aprista, socialdemócrata de derecha.
Los letrados Gamarra y Cano subrayaron que familiares de las víctimas elevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ya se pronunció sobre la matanza en 1995 y 2000, señalando que hubo violaciones a los derechos humanos y reclamó juzgamiento y sanción a los responsables.
