El texto fue aprobado por 50 votos en 96, tras casi 14 horas de debate, solo con el respaldo de la izquierda gobernante Frente Amplio (FA), que también tiene mayoría en el Senado.
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La votación fue recibida con aplausos por poco más de un centenar de defensores de la legalización del cannabis, que presenciaron la sesión desde las barras.
“Es un primer paso”, dijo a la AFP Martin Collazo, vocero de ‘Regulación responsable’, organización que ha promovido el proyecto mediante campañas públicas. “Estamos convencidos de que el modelo va a funcionar y va a ser beneficioso para la población”.
“Como consumidor es importante la ley porque la calidad de lo que vamos a consumir la vamos a controlar nosotros”, celebró a su vez William, de 21 años, defensor del autocultivo. “No vamos a tener que recurrir al narcotráfico, que nos venden la marihuana con un montón de sustancias que no queremos consumir”, precisó.
El polémico proyecto, promovido por el gobierno de José Mujica, es visto con recelo por la población: según una reciente encuesta de la empresa Cifra el 63% de la población no lo respalda.
“Con esta ley no pretendemos resolver todos los problemas pero sí vamos a demostrar (…) que por cada persona que se pase del mercado negro al mercado regulado vamos a tener una victoria”, aseguró poco antes de la votación el diputado oficialista Julio Bango.
Su colega Sebastián Sabini, informante de la iniciativa, había defendido más temprano el proyecto indicando que “la regulación no es promover el consumo, el consumo ya existe”.
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“Lo que estamos haciendo es regular una actividad lícita en nuestro país”, enfatizó, indicando que “el consumo de cannabis se ha duplicado en los últimos diez años” en Uruguay y que el negocio del narcotráfico “financia el crimen organizado”.
Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.
La oposición, en tanto, enumeró los efectos del consumo de marihuana sobre la salud y consideró que el proyecto hace gala de improvisación.
“¿Estamos dispuestos a enterrar una generación y después darnos cuenta que nos equivocamos, que no vamos a terminar con el mercado negro (…) y que va a haber un aumento del consumo?”, cuestionó Gerardo Amarilla, diputado del opositor Partido Nacional.
Un modelo propio El proyecto de ley-lanzado en junio de 2012 en el marco de una serie de medidas para combatir el aumento de la violencia-prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados.
Tras registrarse, los usuarios podrían comprar hasta 40 gramos mensuales de cannabis en farmacias, pero también se permitirá el autocultivo y el cultivo en clubes de membresía.
La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en el país se comercializan anualmente unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.
Según la última encuesta de la JND, en Uruguay hay unos 20.000 consumidores diarios de marihuana en un total estimado de 120.000 consumidores.
La Asociación de Estudios del Cannabis estima no obstante que las cifras son mayores y que hay unos 200.000 consumidores habituales.
El gobierno se basó en experiencias de otros países para elaborar “un modelo propio”, dijo a la AFP Julio Calzada, secretario general de la JND.
“Es un modelo posible para Uruguay, en las condiciones que Uruguay tiene, de 3 millones y medio de habitantes, de una geografía muy controlable, de una experiencia de producción agrícola y floral muy importante”, sostuvo, indicando que el país no quiere “marcarle el camino a nadie”.
Resistencias Pero además de las dudas en la población, el hecho de que el cannabis vaya a ser vendido en las farmacias ha despertado la resistencia de los químicos farmacéuticos.
“No estamos de acuerdo con la venta de una droga de abuso en una farmacia, que es considerada un centro de salud”, dijo a la AFP Virginia Olmos, presidenta de la Asociación de química y farmacia del Uruguay.
La Asociación aceptaría vender la droga “si se establecen sus propiedades farmacológicas y se dispensa como un medicamento, bajo prescripción médica”, sostuvo.
A nivel internacional, el proyecto uruguayo ha recibido el respaldo de expresidentes miembros de la Comisión Global de Política de Drogas, que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado, y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la vereda de enfrente, la ONU advirtió que el plan violaría los tratados internacionales sobre control de drogas, ratificados por el país sudamericano.
Si bien aún no está fijada una fecha para que el Senado apruebe la iniciativa, varios diputados opositores ya anunciaron que de completarse la legalización del cannabis promoverán un referendo para derogar la norma.
