El caso quedó al descubierto gracias a la denuncia de una joven lesbiana, Zulema Constante, que logró huir del centro clínico donde había sido internada a la fuerza para recibir un supuesto tratamiento contra su orientación sexual.
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Tras clausurar la clínica que funcionaba en la provincia de Napo, al este de Quito, el Ministerio de Salud descubrió que una de sus funcionarias era la dueña del establecimiento, señaló Vance en una entrevista difundida por el diario público El Telégrafo este viernes.
Ella “era la representante de esta cartera, justamente (encargada) para realizar controles en clínicas” de rehabilitación de adicciones, comentó la ministra, quien reconoce abiertamente su homosexualidad.
La joven que presentó la denuncia fue “víctima de maltrato físico y psicológico” por su orientación sexual, señaló por su parte la fiscalía general en una correo enviado a la AFP.
La comisaria de Salud Janine Olmedo y otras cinco personas fueron capturadas bajo sospecha de haber incurrido en un delito de odio, penalizado con prisión de seis meses a dos años.
Sin embargo, la justicia negó un pedido de prisión preventiva contra la funcionaria implicada en el caso, quien responde en libertad a los cargos imputados por la fiscalía.
Entretanto, el Ministerio de Salud inició un proceso para su destitución, según fuentes consultadas por la AFP.
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“Puse una queja frente al Consejo de la Judicatura (organismo de control, ndlr) porque sí me sorprendió que teniendo un caso de delito de odio (…) se hayan dictado medidas alternativas para personas involucradas en esto, en vez de prisión preventiva”, declaró la ministra Vance.
En lo corrido del año han sido clausurados 18 centros de rehabilitación de adicciones en Ecuador, 15 de ellos por violaciones de derechos humanos y tres por infracciones a normas sanitarias, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
En algunos de esos centros se ofrecía cura a la homosexualidad, dijo la asesoría de prensa de la cartera.
