Se trata del monseñor Nunzio Scarano, quien posee el título de monseñor sólo a nivel honorífico y quien habría tenido un “rol relevante” en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo que gestiona los bienes de la Santa Sede, donde era responsable de la Contabilidad.
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También fueron detenidos Giovanni Zito, suboficial de los carabineros y perteneciente al Servicio de Información y Seguridad del Ministerio del Exterior, y Giovanni Carenzio, un intermediario financiero activo a nivel internacional, sobre todo en las Islas Canarias y en Suiza.
Los tres fueron arrestados por la policía financiera tras una orden de la Fiscalía de Roma, acusados de “fraude al Estado, corrupción y calumnia”.
Las investigaciones permitieron descubrir una operación para hacer retornar a Italia unos 20 millones de euros que estaban en un banco suizo, aprovechando las posición que ocupaba Zito en el ministerio de Relaciones Exteriores.
Para efectuar la operación, Zito alquiló un avión que estuvo estacionado algunos días en el aeropuerto de Locarno, en Suiza. Sin embargo, diferencias entre las tres personas terminaron por arruinar el plan.
La justicia investiga cuál era el origen de la considerable cantidad de dinero y de las propiedades de que dispone el prelado, que a su vez tenía “relaciones financieras” con el IOR, el banco vaticano que está siendo objeto de numerosas investigaciones por parte de la justicia italiana desde hace años.
El arresto de hoy se difundió como reguero de pólvora porque, aunque todavía no se sabe exactamente cual fue el rol del IOR, la noticia se supo dos días después de que el papa Francisco nombrara una comisión de cardenales para investigar sobre las actividades del banco vaticano que deberá informarle exclusivamente a él.
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Según el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, el prelado miembro de APSA había sido suspendido “hace un mes, cuando sus superiores supieron que estaba siendo investigado”.
Estas detenciones se produjeron en el marco de una amplia investigación lanzada por la justicia italiana en septiembre de 2010 contra el entonces presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, y el director general de la época, Paolo Cipriani, por violación de la legislación contra el blanqueo de dinero.
Decenas de millones de euros fueron bloqueados en el marco de esta investigación que condujo, entre otras cosas, a la destitución de la dirección del IOR.
A lo largo de los años, diversos escándalos mancharon la reputación del IOR, ya que círculos criminales aprovecharon el anonimato o testaferros para blanquear sus fondos.
El más importante se produjo en 1982 con la quiebra del Banco Ambrosiano, un escándalo bancario que implicaba a la CIA y a la logia masónica. El caso Enimont (1993), de sobornos a partidos políticos italianos, también salpicó al IOR y más recientemente el tribunal de Roma detectó casos de blanqueo de dinero por parte de mafiosos.
El suizo René Brülhart, consejero de la Autoridad de Información Financiera (AIF), que supervisa al IOR, indicó que en 2012 se señalaron seis transacciones sospechosas.
El banco del Vaticano gestiona 19.000 cuentas pertenecientes en su mayoría al clero católico, es decir, unos 7.000 millones de euros, que incluyen tanto a personas de menor rango en la jerarquía vaticana como los de obispos y cardenales o los de algunos diplomáticos, así como las trasferencias de dinero de las congregaciones religiosas.
El nuevo presidente del IOR, el alemán Ernst von Freyberg, nombrado varios días antes de la dimisión del anterior papa Benedicto XVI, se propuso hacer verificar una por una las cuentas del banco a la Agencia estadounidense de consultores financieros Promontory.
