Aunque 1 300 presos fueron ejecutados en Estados Unidos desde el restablecimiento de la pena capital en 1976, 142 condenados a muerte fueron liberados. Anthony Graves, un hombre negro de Texas, fue el número 138.
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“Se llevaron 18 años de mi vida que jamás podrán devolverme”, contó Graves, de 48 años, acusado falsamente del asesinato de seis personas, incluidos cinco niños, en 1992.
“¿Cómo se puede recompensar a un hombre al que le han quitado tanto? Me deben todavía la oportunidad de criar a mis hijos, me robaron la capacidad de tomar decisiones libres”, declaró a la AFP durante una entrevista realizada en Houston, donde “aprecia todas las pequeñas cosas de la vida” desde que salió de prisión en octubre de 2010.
Este padre de tres hijos fue condenado a muerte en 1994 tras ser nombrado sin pruebas por el autor de la masacre, un primo lejano. Fue condenado por la mera “teoría” de que el crimen no podía haber sido cometido por una sola persona.
En 2000, el asesino confesó haber mentido, pero Graves permaneció preso 10 años más en su celda en Livingston, Texas, “el peor lugar imaginable, el infierno en estado puro, donde 24 horas al día, siete días a la semana, por 18 años y medio, pude sentir el caos, la tristeza y el sufrimiento”, recordó.
Dos veces escapó de la muerte, pero estuvo allí en 300 ejecuciones, la mayoría de gente conocida “que se habían convertido en mi familia”, dijo Graves, en momentos en que Texas (sur) se prepara para llevar adelante el miércoles su ejecución número 500 desde el restablecimiento de la pena de muerte en el país.
Reformas significativas
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La fiscalía concluyó que Graves era “un hombre inocente” 16 años después de su procesamiento.
“Luego de meses de investigación y de haber hablado con todos los testigos en este caso, luego de mirar debajo de cada piedra posible, no hemos encontrado ninguna prueba creíble que vincule a Anthony Graves con los asesinatos”, declaró finalmente la fiscal especial Kelly Siegler.
Como Graves, otros 141 hombres (entre ellos 71 negros), convertidos hoy en “embajadores del cambio”, han sido declarados inocentes en 26 estados de Estados Unidos, entre ellos 24 en Florida (sureste), 20 en Illinois (norte) y 12 en Texas, según el Centro de Información sobre la Pena Capital (DPIC, por su sigla en inglés).
“Si las estadísticas son una indicación, el sistema bien podría ejecutar a acusados inocentes”, remarcó la exjueza de la Corte Suprema, Sandra Day O’Connor.
De hecho, por lo menos diez hombres, seis en Texas, fueron ejecutados a pesar de las “serias dudas sobre su culpabilidad”, según el DPIC, que señala que debido a la falta de investigación post-mortem, “no hay manera de saber cuántos hombres inocentes podrían estar entre los más de 1.300 ejecutados desde 1976”.
Para Richard Dieter, director del DPIC, con el advenimiento de la tecnología del ADN y la reapertura de investigaciones rigurosas, se han descubierto “un número creciente de errores trágicos” y también se ha dado la “liberación de detenidos”.
En Texas, al igual que en otros estados, “esta toma de consciencia ha dado lugar a importantes reformas”, dijo a la AFP el experto Steve Hall, de la organización de Texas StandDown.
Entre otras medidas, mencionó la apertura de una oficina sobre las condenas, el acceso a las pruebas de ADN después de la condena y una ley que requiere la apertura de los archivos de la fiscalía a la defensa.
