“No compartimos la resolución del juez, por eso vamos a apelar”, dijo Jiménez al referirse a la decisión del juez David Suárez Burgos, quien el martes declaró fundada una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo que consideró el sorteo como discriminatorio.
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Hizo notar que si bien la resolución judicial, que es en primera instancia, fue desfavorable, el gobierno continuará insistiendo en el sorteo por considerarlo constitucional.
Jiménez defendió el sorteo, de acuerdo a la nueva ley de servicio militar, y aseguró que no se violó la Constitución ni se dio una disposición que haya alterado el orden constitucional.
En sus fundamentos, el juez Suárez Burgos subrayó que existe el “peligro inminente e irreparable” de que los jóvenes que se opusieran a acudir al servicio militar se vieran limitados en sus derechos constitucionales, “lo que constituiría en cierto modo una muerte civil”.
En la acción de amparo el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, argumentó que “el citado sorteo constituye una amenaza al derecho a la no discriminación de un significativo grupo de personas, entre las que se encuentran las de mayor pobreza y exclusión”.
La nueva ley de servicio militar desató críticas de organismos sociales y juveniles que la consideran discriminatoria porque el llamado a filas puede ser eludido con el pago de una fuerte multa de 1.800 nuevos soles (unos 660 dólares), lo que afecta principalmente a los sectores pobres.
Otro punto cuestionado es que los jóvenes que estudian en universidades están exceptuados, pero no aquellos que estudian carreras técnicas en institutos.
