La iniciativa fue votada por capítulos, siendo aprobados cuatro de ellos con una votación de 108 votos a favor, 26 en contra y una abstención; y los tres restantes con 110 sufragios afirmativos y 25 negativos.
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El texto impulsado por el movimiento Alianza País (AP), del presidente izquierdista Rafael Correa, fue aprobado cuatro años después de iniciado su trámite y luego de que en julio de 2012 se suspendiera el último debate.
La ley establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
El sector privado controla actualmente 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Asimismo, la ley crea un consejo de regulación, que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.
Esa instancia, con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones, bajo el principio de responsabilidad ulterior, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.
La norma se suma a otras medidas impulsadas por Correa que impactaron a la prensa desde que llegó al poder en 2007. El mandatario sostiene un duro enfrentamiento con un sector de los medios privados al que acusa de tergiversar la información y de querer desestabilizarlo.
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La Constitución de 2008 vedó a los banqueros poseer medios, mientras que un referendo votado en 2010 prohibió a las empresas periodísticas y al sector financiero invertir en otros sectores de la economía.
Asimismo, en 2009 se impuso el IVA al papel periódico, lo que según algunos diarios elevó sus costos y redujo la circulación.
