Uno de cada cuatro niños trabaja de manera ilegal en Perú, lo que representa 1,6 millones de menores, convirtiendo al país andino en el segundo con más niños trabajadores en Latinoamérica, informó este miércoles la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara.
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“De un universo de siete millones de menores, 1,6 millones que no alcanzan los 14 años, son los que trabajan, en lugar de acudir al colegio”, dijo la ministra al celebrarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Jara anotó que en Perú aún se registran “cifras alarmantes” en este tipo de explotación de menores y que es necesario enfrentarlo en forma conjunta con apoyo de organizaciones sociales y civiles.
La ministra participó de una de las marchas de niños que se realizaron en diversos distritos de Lima contra el trabajo infantil.
El Código del Niño y el Adolescente en Perú norma que la edad mínima para el trabajo es de 14 años, haciendo una excepción a los 12 años.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó en febrero que Brasil tiene el número más alto de niños que trabaja en América Latina, seguido de Perú y luego México.
La OIT señaló que países como Bolivia y Perú tienen una gran población infantil trabajadora en zonas rurales y en comunidades indígenas.
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El ministerio de la Mujer informó que Perú cuenta con una estrategia para erradicar el trabajo infantil y admitió que si bien hay una ligera tendencia decreciente, aún se mantiene un alta incidencia de niños y adolescentes trabajando.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), las principales actividades desarrollados por menores tienen que ver con negocios familiares, labores domésticas, trabajo en chacras o pastoreo de animales, venta de productos, prestación de servicios como lavado de carros o lustrabotas, entre otros.
En la región centroandina de Junín 100.000 niños trabajan en labores agrícolas y ganaderas, señaló Massiel Antezano, directora de Protección de los Derechos Fundamentales de Junín.
El ministerio de Trabajo busca crear conciencia entre los padres sobre prácticas perjudiciales para sus hijos, dijo a la AFP Juan Navarro, Director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales del ministerio.
“El objetivo es que los niños no dejen el colegio, que asistan a controles médicos, al mismo tiempo los ayudamos a crear un desarrollo sostenible en la economía familiar”, agregó.
