La semana pasada saltaron las alarmas por el derrame de petróleo en un río de Ecuador que atravesó la frontera y alcanzó al Perú.
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El origen fue la rotura de una tubería en el Oleoducto Transecuatoriano el pasado 31 de mayo. El vertido afectó en primer lugar al río Coca, en Ecuador, y llegó al río Napo, en Loreto, cuatro días después.
Ante este tipo de situaciones, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué mecanismos se activan para evitar daños mayores?
‘En el Perú, si una empresa que opera en el país registra una fuga, debe comunicarlo enseguida a las autoridades, entre ellas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)‘, explica César Ipenza, asesor de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Paralelamente, la compañía activa su plan de contingencia, un protocolo interno en el que se establecen las pautas para contener derrames peligrosos.
Inmediatamente, un grupo de funcionarios se desplaza hasta el lugar para verificar la dimensión del vertido y fiscalizar las tareas de control.
‘Cuando el derrame traspasa fronteras, el país donde se origina el hecho debe avisar a los que puedan verse afectados. Cuanto más rápida sea la notificación, mejor, porque permitirá coordinar tareas con mayor eficacia’, agrega Ipenza.
Este especialista en Derecho Ambiental explica que los países afectados pueden solicitar a la empresa responsable del vertido que asuma los costos del operativo de control y hasta pedir indemnización por dañar sus ecosistemas.
