El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Edward Korman, dictaminó que la decisión de 2011 del jefe del departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS, por su sigla en inglés) de exigir la receta médica a las menores de 17 años para comprar la píldora tenía “una motivación política” y era “científicamente injustificada”.
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El fallo ordena a otra agencia federal, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), que la píldora anticonceptiva de emergencia, compuesta de levonorgestrel, esté disponible en las farmacias sin límites de edad ni necesidad de una receta médica.
Los anticonceptivos de emergencia contienen los mismos ingredientes activos que las píldoras anticonceptivas pero en dosis más altas y pueden prevenir el embarazo si se toman dentro de las 72 horas después del coito sin protección.
Los expertos dicen que la contracepción de emergencia es más efectiva si se toma durante las 24 horas posteriores a la relación sexual.
Sin embargo, mientras las menores de 17 años necesitaban una recte médica, las mayores de esa edad debían presentar una identificación para comprarla.
El Centro de Derechos Reproductivos (CDR), una organización sin fines de lucro que defiende la libertad reproductiva como un derecho fundamental y que llevó el tema a juicio, elogió el fallo como una “decisión histórica” y una “victoria” para las mujeres.
“Hoy finalmente la ciencia prevaleció sobre la política”, dijo la presidente del grupo, Nancy Northup.
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“Las mujeres de todo el país ya no se enfrentarán retrasos arbitrarios ni obstáculos para obtener anticoncepción de emergencia. Es una verdadera victoria para todas las mujeres, especialmente las jóvenes, las mujeres sin identificación oficial, y las que viven en zonas con horarios de farmacia limitados”.
Se desconoce hasta el momento si el gobierno estadounidense apelará. Una vocera de la FDA dijo a la AFP el organismo no hará comentarios sobre el fallo.
“Este es un asunto legal en curso para la agencia, por lo que no hará ningún comentario adicional en este momento”, dijo.
La lucha por el acceso a la píldora del día después, aprobada para la venta con receta en 1999, se ha estado librando desde 2001. La contienda enfrentó por una parte a quienes reclamaban un acceso más amplio y por otro a quienes advertían que esto entrañaba riesgos sociales y para la salud.
En diciembre de 2011, la FDA estuvo a punto de permitir la venta libre de una píldora llamada Plan B One-Step, fabricada por el laboratorio Teva Pharmaceuticals de Pensilvania (este), pero su iniciativa fue bloqueada rápidamente por el HHS.
La secretaria del HHS, Kathleen Sebelius, dijo en ese momento que no había datos suficientes apoyar el uso de esta píldora en menores de 17 años y citó “significativas diferencias cognitivas y de conducta entre las adolescentes en edad reproductiva”.
El presidente Barack Obama apoyó entonces a Sebelius, quien alegaba no estar segura de que la píldora debiera estar disponible para niñas de 10 u 11 años, al igual que los chicles o las pilas, ya que el fármaco podría tener efectos adversos si no se utilizara correctamente.
Sin embargo, en su fallo de 59 páginas, el juez Korman calificó el viernes de “arbitraria, caprichosa e irrazonable” la decisión de las autoridades sanitarias de restringir el acceso al fármaco.
Dado que menos del 3% de las niñas menores de 13 años son sexualmente activas en Estados Unidos “la población potencial que preocupa a la secretaria (Sebelius) es infinitesimal”, escribió.
Su fallo ordena a la FDA que Plan B y sus equivalentes genéricos estén disponibles sin receta y sin restricciones de edad en el espacio de 30 días.
Una sola dosis de anticoncepción de emergencia cuesta actualmente en Estados Unidos unos 50 dólares, y sus equivalentes genéricos unos 10 dólares menos, dijeron los defensores de los derechos de las mujeres.
Sectores contrarios a la ampliación del acceso a la píldora del día después expresaron en tanto “serias preocupaciones” sobre la sentencia.
“Hay un peligro real de que Plan B se pueda administrar a niñas, bajo coacción o sin su consentimiento”, dijo Anna Higgins, director del Centro para la Dignidad Humana del Consejo de Investigación Familiar (FRC, por su sigla en inglés)
