La Corte Suprema de Estados Unidos examinó el martes la causa penal “más importante de las últimas décadas”, según uno de sus jueces, o cómo una muestra de ADN tomada a un detenido puede ser un atentado contra la vida privada, aunque resuelva un crimen.
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El caso es simple, pero durante la audiencia los nueve jueces parecían tironeados para decidir qué debe prevalecer: la Constitución o una ley penal del Estado, la protección de las libertades o los intereses de la justicia.
Alonzo Jay King fue arrestado en abril de 2009 en Maryland (este) por agresión. Se le tomó una muestra de saliva que fue enviada a un laboratorio, como autoriza la ley de Maryland, sin orden judicial e incluso antes de la acusación formal de la persona detenida.
Un mes después de la detención, el análisis de la muestra mostró que el ADN de King correspondía a la huella genética tomada de una víctima de un caso de violación no resuelto.
Pero King se ha declarado no culpable del crimen y ha apelado su sentencia de cadena perpetua, alegando la Cuarta Enmienda a la Constitución, que protege contra “una búsqueda o una incautación irrazonable”.
La Corte de Apelaciones de Maryland falló a su favor, determinando que la Cuarta Enmienda de la Constitución había sido conculcada con esta muestra de ADN extrajudicial. El martes la Corte examinó el recurso presentado por el Estado de Maryland, con el apoyo del gobierno federal.
“Este es el proceso penal más importante que esta Corte ha tenido en décadas”, dijo el juez Samuel Alito, preguntándose si finalmente los análisis de ADN “no serán las huellas digitales del siglo XXI” que permitan “resolver numerosos asesinatos y violaciones”.
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El juez Anthony Kennedy también parecía inclinado a concluir que “al sistema judicial le interesa saber si la persona (detenida) había cometido otros delitos.”
Pero su colega conservador Antonin Scalia sostuvo que “a veces la Cuarta Enmienda se interpone en el camino”, diciendo que las condenas obtenidas a través del ADN “no prueban nada”.
El presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts, también protestó, señalando que se le puede tomar una muestra a “cualquier persona por una simple infracción de tránsito”. La progresista Elena Kagan coincidió: “Estar detenido no significa perder el derecho a la privacidad”, dijo.
“No estamos hablando de alguien que conduce un autoe”, sino de personas arrestadas por “crímenes”, dijo por su parte el también progresista Stephen Breyer.
El abogado del condenado, Kannon Shanmugam, señaló que la Cuarta Enmienda debe aplicarse en este caso.
“No discuto el hecho de que al gobierno le interesa la solución de casos sin resolver, pero (…) hay preocupaciones profundas sobre la protección de la vida privada”, declaró.
La Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país, emitirá su decisión antes de finales de junio.
