“Se trata de 26 campesinos muertos que fueron identificados y que pueden ahora ser enterrados por sus familias”, dijo Dafne Martos, representante regional del CICR en Lima.
Los cuerpos (24 hombres y 2 mujeres), asesinados en 1983, habían sido hallados en fosas comunes clandestinas ubicadas en localidades de los distritos de Grau y Cotabambas en la región Abancay (a unos 450 kilómetros al sudeste de Lima).
La gran mayoría eran pobladores que tenían cierta posición económica y autoridades de sus regiones y fueron víctima de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Muchos de ellos sufrieron tortura antes de ser asesinados con armas blancas y punzocortantes, según informes oficiales.
Los restos de las 26 víctimas fueron entregados el martes a sus familiares en una emotiva ceremonia en el colegio San Francisco de Asís de la ciudad del Cusco.
Ataúdes blancos adornados con flores amarillas fueron llevados desde el departamento del Cusco hasta diferentes localidades de Apurímac donde se esperaba que este miércoles sean enterrados.
“Este es un trabajo de muchos años de parte del ministerio público peruano, y en el que colabora el CICR desde su inicio en 2002. Aún queda mucho trabajo por hacer para identificar a la mayor parte de unos 16.000 desaparecidos del conflicto registrados por el Estado”, agregó Martos.
Según un equipo forense especializado de la fiscalía de Cusco, son aproximadamente 250 casos registrados en localidades de Apurímac (sureste, limítrofe con Cusco). De esos desaparecidos se logró exhumar un total de 26, a finales de 2012.
Los trabajos de recuperación e identificación de cuerpos se iniciaron a partir del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), que investigó las consecuencias del conflicto armado en Perú y estimó que la cifra más probable de víctimas fatales de la guerra interna asciende a unas 69.000 personas.
La CVR concluyó también que la población campesina fue la principal víctima del conflicto, al constatar que el 79% de los fallecidos vivía en zonas rurales.
El gobierno peruano por medio de un programa de reparaciones civiles para víctimas del terrorismo dijo que otorgará 10.000 nuevos soles (4.000 dólares) a los familiares, como reparación civil.