El movimiento contra los desahucios en España ganó nuevos adeptos en cerrajeros y bomberos que rechazan participar en ellos, mientras el parlamento tramita una ley sobre este sensible asunto que incluso ha provocado algunos suicidios.
Colectivos como la Unión de Cerrajeros y los bomberos de algunas regiones se han negado a abrir las puertas para desalojar a familias que no han podido pagar sus hipotecas.
“Se estaba arruinando la vida de las familias y nosotros hacíamos de verdugos. Eso nos creaba situaciones de tensión y malestar”, explicó este miércoles a la AFP David Ormaechea, presidente de la Unión de Cerrajeros.
Tras el rechazo de estos profesionales, algunas administraciones recurrieron a los bomberos, como el martes en La Coruña (Galicia, noroeste), donde una anciana de 85 años iba a ser desalojada de su piso por el impago de una mensualidad del alquiler.
Los bomberos que acudieron al piso, rodeado por decenas de activistas antidesahucios, se negaron a abrir la puerta de la vivienda y algunos se unieron a los manifestantes luciendo carteles contra los desahucios.
Tras este incidente, bomberos de otras regiones españolas, como Cataluña y Madrid, también han rechazado participar en estos desahucios.
“Nosotros socorremos a personas en situación de emergencia y auxilio. Es una contradicción ayudar a estas entidades (bancos acreedores) que ponen en riesgo incluso la vida de las personas”, explicó a la AFP Antonio del Río, representante sindical de los bomberos de Cataluña.
“Lo único que hacemos nosotros es ayudar a los ciudadanos, solamente entramos a una vivienda cuando hay un peligro dentro y sacar a una mujer de 85 años de su casa, no es un peligro”, señaló Pedro Campos, un bombero de Madrid.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, con el agravamiento de la crisis y el aumento del desempleo en España, muchas familias se han visto incapaces de pagar sus hipotecas y muchas de ellas han sido desahuciadas.
Desde 2009, movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han ayudado a paralizar, según esa plataforma, más de medio millar de esos desalojos y ha conseguido que el parlamento español tramite una iniciativa popular para detenerlos, apoyada por más de 1,4 millones de firmas.