Las playas , de acuerdo con la legislación peruana (Ley 26856), son espacios públicos hasta una distancia de 200 metros de la orilla. Sin embargo, muros, garitas y hasta guardias armados que impiden el paso a los veraneantes son muestra de que en nuestro país esta ley es ‘letra muerta’.
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Ejemplo de ello es el último hecho ocurrido este verano en Ancón , donde cientos de personas dispuestas a disfrutar del mar y del sol fueron impedidas de ingresar a ciertas zonas de la playa, ya que los vecinos del tradicional balneario contrataron a personal de seguridad que formaron una verdadera barrera humana sobre la arena.
El caso fue denunciado por RPP Televisión y causó indignación en las redes sociales . El jefe de Imagen Institucional de la Municipalidad de Ancón, Carlos Pescorán , aseguró en RPP que se ‘tomarán las medidas pertinentes’.
Para Wilfredo Ardito, abogado y docente de la Universidad Católica especializado en temas de discriminación, este caso es una violación flagrante del artículo 323 del Código Penal, que sanciona hasta con cuatro años de prisión el delito de discriminación .
‘Lo que sucedió es evidentemente un acto de discriminación y el Ministerio Público tendría que intervenir’, dijo a Publimetro. Explicó que esto sucede a menudo en playas porque ‘son en estos espacios donde el aspecto físico es muy importante, y es ahí donde se evidencia el racismo ‘.
Consideró que el Ministerio Público y otras autoridades deberían realizar una inspección exhaustiva en todo el litoral para que esto no se repita.