El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe , se presentó ayer ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y admitió que la fiesta realizada en el penal Miguel Castro Castro el 10 de noviembre pasado sí tuvo autorización. Sin embargo, señaló que no la dio el Consejo Penitenciario -como debía ser-, sino un funcionario menor: el jefe de División de Seguridad de dicha prisión, Javier Torres Ávila.
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‘Así como hay malos agentes culpables, hay responsabilidad por parte de funcionarios, y dentro de ellos me incluyo’, declaró.
Asimismo, explicó que dentro de las medidas que adoptó para corregir esta violación a las normas de seguridad, se dispuso el relevo del personal involucrado y una requisa para sacar objetos indebidos en posesión de los internos.
‘El combate a la corrupción en los penales y en este centro en particular es una carrera de largo plazo’, aseguró.
A la salida de Pérez Guadalupe del Congreso , trabajadores del INPE -quienes están en huelga desde hace 18 días- golpearon el vehículo en el que se retiraba mientras protestaban a gritos.
Cinco penales en el 2013 La ministra de Justicia , Eda Rivas, anunció ante la Comisión de Justicia del Congreso la c*onstrucción de cinco penales, desde junio del 2013, con capacidad para 3 mil internos cada uno.*
Señaló que para fines del 2012 la población penitenciaria llegará a 61.500 internos y que se necesitan más penales.
