La VII Reunión del Consejo del Grupo Parlamentario Interamericano (GPI) sobre Población y Desarrollo, que se desarrolla en Lima, ratificará uno de los preceptos principales de la Agenda de El Cairo, que consagra el derecho de todo ser humano a tener una autonomía sexual y a elegir a los descendientes que deseen tener.
PUBLICIDAD
Así lo reveló la presidenta del GPI, diputada chilena María Antonieta Saa, quien remarcó que el contenido social y filosófico del documento de Egipto está suscrito por un 95% de países del mundo, pero algunos se han abstenido, entre ellos el Vaticano.
Subrayó que no puede haber políticas de población en donde los gobiernos impongan a tener a sus habitantes un mayor o menor número de hijos, lo cual sería atentar contra la libertad y el derecho de la persona.
La parlamentaria sureña anotó que no todos los países que suscribieron la Agenda de El Cairo implementaron las leyes para que estos derechos se consagren.
“Por ello nosotras las representantes mujeres hemos acordado luchar para que nuestros parlamentos legislen las leyes pertinentes que son para bienestar tanto para la mujer como para el varón”.
Explicó que uno de los problemas más graves en América Latina es la mortalidad materna y eso tiene mucho que ver que las mujeres, las más vulnerables, no tienen acceso a los anticonceptivos. “Esto se evitaría con una política de anticoncepción y planes de consejos que deberían establecer los gobiernos”, anotó.
Es imprescindible tener presente, dijo, que no hay políticas estatales de población sino que está el derecho de las personas, hombres y mujeres, a decidir sobre su propia reproducción y sexualidad.
PUBLICIDAD
“Esto significa políticas estatales que provean a la población de los medios o instrumentos para que puedan planificar sus familias libremente y como un derecho, es decir anticoncepción”, subrayó.
Saa fue drástica en rechazar las versiones de sectores conservadores que aseguran que la Agenda de El Cairo promueve el aborto. Dijo que el aborto nunca ha sido un método anticonceptivo.
“Al contrario, lo que hay que evitar es que las mujeres no tengan embarazo no deseado y que no recurran al aborto, porque ponen en peligro de muerte a las mujeres”.
Puntualizó que la política que su organización promueve es que los Estados tengan todo lo que la ciencia avanza en términos de anticoncepción de emergencia y, por el lado de la sexualidad autónoma, penalizar todos los delitos que van a agredir en su autonomía sexual, como las violaciones, el abuso sexual y otros.
“Los legisladores nos tenemos que encargar de legislar penas y promover que nadie interfiera en la sexualidad de las persona que debe ser libre y responsablemente”, expresó.
Respecto a la posición de la Iglesia, la presidenta del GPI precisó que la Iglesia tiene todo el derecho de predicar a sus fieles, nadie puede coactar a la Iglesia a ejercer su ministerio, pero la Iglesia no puede interferir en las decisiones de los Estados.
“Los jóvenes tienen que tener acceso a una educación sexual en sus colegios para que reflexionen y evitar que una niña de 13 años sea madre tempranamente, sumiéndose en la pobreza”, agregó.
La VII Reunión del Consejo del GPI clausuró sus actividades en la sala Grau del Palacio Legislativo.
