El incendio en el centro de rehabilitación Cristo es Amor de San Juan de Lurigancho, en el cual murieron 27 internos el sábado pasado, ha develado la informalidad que se vive en ese sector y el duro panorama que enfrentan los farmacodependientes por ineficiencia del Estado.
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Según datos de la Defensoría del Pueblo, existen en el país alrededor de 400 centros de rehabilitación, de los cuales apenas el 20% serían formales.
En declaraciones a RPP, Edgar Bendezú, presidente de la Red Nacional de Comunidades Terapéuticas del Perú, dijo ayer que ‘las personas deben cerciorarse que los centros de rehabilitación donde dejen a sus parientes sean formales y cuenten con las autorizaciones de ley’.
Por su parte, la jefa de Devida, Carmen Masías, se pronunció ayer a favor de que las comunidades terapéuticas ingresen al sistema de salud para que estén bajo fiscalización y contribuyan a cubrir una demanda de atención que el Estado no puede cubrir.
Según Masías, el Estado peruano solo cuenta con 700 camas en hospitales y clínicas para poder tratar a los más de 60 mil adictos que, se calcula, existen en el país.
