Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura
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Arquitecto/Urbanista
jorge@nomena-arquitectos.com
Hace unos días, el diario Gestión recogía las declaraciones del arquitecto Miguel Romero Sotelo, teniente alcalde de Lima, sobre la evaluación de un impuesto a aquellos que rechacen un cambio de zonificación en terrenos con potencial de densificación. ‘Hay territorios donde queremos que el paisaje urbano se mantenga, pero por eso se va a cobrar. ¿Quieres congelar el paisaje?, perfecto, pero eso te cuesta’, sostuvo el arquitecto, según Gestión.
En Lima resulta más barato mantener un terreno urbano sin construir, pues el impuesto predial se multiplica si el predio tiene un edificio construido encima. Intuyo que por eso es muy común que se demuelan edificios y se mantenga terrenos cercados por años, mientras se especula con su valor.
Es lo que pasa en el Centro Histórico. No puedo afirmarlo porque no tengo evidencia. Pero apuesto unas fichas a que el Damero de Pizarro debe ser uno de los Centros Históricos con más lotes vacíos en el mundo; subutilizados como playas de estacionamientos, por ejemplo. Esto, además de promover el ingreso en auto (pues resulta muy barato estacionar), impide que el Centro atraviese una verdadera regeneración urbana. Pueden recuperar todas las fachadas y peatonalizar todas las calles que quieran, pero lo que el Centro necesita es promover la construcción de vivienda con arquitectura contemporánea de calidad en los cientos de lotes vacíos que existen. Y para eso existen impuestos como los que sugiere Romero Sotelo.
Impuestos así no son un invento, existen en otras ciudades, precisamente, para promover la densificación en aquellos lugares bien provistos de servicios, infraestructura y transporte; ahí donde tiene sentido que viva y trabaje mucha gente para tener ciudades más compactas que generan menos desplazamientos. Y tampoco han sido ajenos al país. Haciendo una breve búsqueda me topé con el Decreto Ley 21980, firmado en 1977 por el general Francisco Morales Bermúdez, donde se sustituye por un único impuesto de periodicidad anual a todos los impuestos que ‘afecten los terrenos urbanos sin construir’.
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Según este decreto, los terrenos de personas no dedicadas a actividades de urbanización o negocios inmobiliarios debían pagar un porcentaje del valor del terreno. Este porcentaje aumentaba con cada año que se mantenía el terreno vacío -1.6% el primer año y 6% el sexto año- y a partir del año seis la tasa se duplicaba en caso lo siga manteniendo el mismo propietario. Por otro lado, para aquellos terrenos que sí eran propiedad de personas dedicadas al negocio inmobiliario, el porcentaje iba desde 5% en el primer año hasta el 18% en el sexto.
Como siempre, declaraciones así me parece que sirven para estimular la discusión sobre cómo puede hacer el Estado para generar recursos y promover políticas de suelo que generen una ciudad más justa y accesible, que deje de ser vista -solamente- como un negocio.
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