No llegaron a cien los manifestantes que marcharon hasta el Congreso. Es cierto, no eran una multitud, pero el mensaje que llevaron en defensa de las personas con discapacidad severa retumbó con fuerza: el gobierno debe cumplir su compromiso de dotarles de una pensión para una vida más digna.
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De acuerdo al artículo 59 de la nueva Ley de la Persona con Discapacidad, el Estado debe destinarles una pensión no contributiva (aplicable para personas no aptas a otros programas sociales). Para su puesta en marcha, sin embargo, se necesita una partida que hasta ahora no ha sido incluida en el proyecto del Presupuesto General, que hoy podría aprobarse.
‘Por eso se realizó esta manifestación pacífica. Tuve la oportunidad de recibirlos y logramos charlar con Johnny Cárdenas, presidente de la Comisión de Presupuesto, al que le hicimos llegar una propuesta para poder incluir en el presupuesto esta partida’, explica el congresista Gian Carlo Vacchelli.
Según la propuesta de este legislador, la partida sería de 56 millones de soles, fuera de los gastos administativos. Con ello, se podrá implementar una pensión no contributiva de 250 soles al mes para aquellas personas que sufren dos o más discapacidades. En cinco años se beneficiaría a 97 mil personas con discapacidad severa y en situación de pobreza, con una progresiva cobertura anual del 20% (18.700 personas).
Con el tiempo en contra, los colectivos de defensa de los discapacitados se inclinan por una propuesta más acorde a la realidad. ‘Coincidimos con el congresista en que debe ser una pensión mayor, pero eso significaría un gasto total de más de 200 millones de soles al año más los gastos administrativos, muy similar al presupuesto de algunos gobiernos regionales, lo que resulta más complicado de aprobarse’, explica Liliana Peñaherrera, miembro del directorio de la ONG Sociedad y Discapacidad.
Por eso, estos colectivos plantean un presupuesto anual de S/.50,5 millones (que incluye el 15% de los gastos administrativos), que cubriría un periodo de tres años (30% anual), y que significaría una pensión similar a la del programa social Pensión 65: 1*25 nuevos soles para 29.300 personas*. ‘Asignando esta cantidad el gobierno estaría manifestando su apoyo a un colectivo que no accede a servicios de salud ni de educación acordes a sus necesidades y que, por otro lado, requiere de más atención’, sostiene Peñaherrera.
Para ella no hay excusas. El dinero necesario podría salir del fondo de contingencia del Estado: ‘En las últimas elecciones por 22 regidores se gastaron 100 millones de soles, y era un gasto no previsto. Nosotros solo pedimos la mitad. Es una cuestión de voluntad’.
Hoy algunos discapacitados volverán al Congreso con la esperanza de que su pedido sea atendido. ‘No queremos compasión ni dádivas; lo que pedimos es igualdad de oportunidades’.
