El expresidente Alejandro Toledo afrontará este viernes a las 8:30 a.m. una audiencia en la cual la justicia estadounidense determinará si el exmandatario permanecerá detenido durante el proceso de su extradición o saldrá en libertad bajo fianza.
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Pese a que según uno de sus abogados en Lima, Heriberto Benitez, la detención que se ordenó en su contra este martes lo tomó desprevenido, Toledo Manrique ya se ha hecho de los servicios de dos abogados estadounidenses que lo defenderán en este proceso: Roger Francisco Noriega y Richard Douglas.
Noriega es un diplomático de larga trayectoria. Con 60 años, el letrado natural de Kansas ha sido embajador ante la Organización de Estados Americano (OEA), ejerció como subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental durante el Gobierno de George W. Bush y sirvió también para la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) durante el gobierno de Ronald Reagan.
Noriega no es un desconocido para el Perú ni para el expresidente Toledo, puesto que el exmandatario que ahora defiende lo condecoró con la Orden del Sol el año 2001 por su apoyo a la transición democrática y la promoción de los Derechos Humanos en nuestro país cuando era embajador en la OEA.
Douglas, por su parte, es un veterano de la marina que trabajó en el Pentágono y en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por más de dos década. Es también especialista en Derecho y relaciones internacionales y fue empleado principal del senado estadounidense en Washington DC.
Asimismo, Douglar trabajó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y estuvo voceado en el 2013 para convertirse en Fiscal general de los Estados Unidos : sin embargo, esto no ocurrió.
Toledo Manrique está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.
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Posteriormente, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva.
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