MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
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La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Guatemala al empresario William Anthony Schwank, reclamado por el país como presunto integrante de un grupo criminal del que también formaban parte el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti y que habría maniobrado para conseguir la adjudicación ilegal de una infraestructura en Puerto Quetzal.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal establece que se cumplen todos los requisitos necesarios para la entrega de Schwank con vistas a su enjuiciamiento por delitos que en Guatemala serían constitutivos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude y que en España equivaldrían a pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.
Los magistrados de la Sección Tercera rechazan todas las alegaciones planteadas por la defensa del reclamado, entre ellas que se trata de una extradición motivada por motivos políticos. Al respecto, los jueces señalan que la documentación aportada por los abogados no acredita que el proceso penal tenga dichas motivaciones ni que su situación pueda resultar agravada por consideraciones políticas.
"No hay prueba de que la persecución de los jueces o fiscales a los que se señala en dicha documentación como denunciados o investigados lo sean por haber tenido una intervención específica en el proceso en contra del reclamado", señala el auto.
LA SALA DESCARTA UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA
En este contexto, el tribunal destaca que el objetivo de perseguir al presidente de Guatemala, durante cuyo mandato se produjeron presuntamente los hechos y, por ende, al resto de autoridades, funcionarios y particulares, atribuidos a dicho proceso por la defensa, choca frontalmente con el cambio de administraciones gobernantes producido después de haberse dictado la orden de detención, de 14 de abril de 2016, ya que en la actualidad, con otra administración distinta en el poder, se mantiene la reclamación.
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En relación con el riesgo para la seguridad del reclamado o la posibilidad de ser sometido a tratos degradantes en caso de ser extraditado, la Sala advierte de que no se han acreditado riesgos específicos y concretos para su vida y seguridad derivado de la situación del sistema de prisiones.
Los magistrados también dan respuesta a la supuesta colaboración del reclamado en una de las piezas del 'caso Villarejo': la conocida como 'Pit'.
En la misma el juez Manuel García Castellón intenta averiguar si los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura contrataron al grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, CENYT, para impedir que el primero fuera extraditado a Guatemala por su presunta implicación en el pago de sobornos a autoridades guatemaltecas para que la Terminal de Contenedores Quetzal (TQC) consiguiera el contrato de ampliación de dicho puerto.
Respecto a su supuesta colaboración, la Sala indica que la concesión de la extradición no constituye un obstáculo para que puedan llevarse a cabo las declaraciones y diligencias oportunas, incluyendo una eventual declaración como testigo en el juicio que pueda celebrarse en España.
LA RECLAMACIÓN DE GUATEMALA
A Schwank se le imputa "el haberse unido, aproximadamente desde febrero del 2012 hasta abril del 2015 a un grupo criminal" del que también formaban parte el expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti "con la intención de obtener beneficios económicos ilícitos, derivados de la propuesta efectuada por los representantes de Grup Maritim TCB para la construcción y gestión de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal".
La misma, según indicaba la solicitud extradicional, "no sólo incluía los aspectos técnicos y jurídicos, sino además el ofrecimiento de una comisión por una cantidad de 28.443.000 euros, para los gestores nacionales e internacionales". "También incluía en el pago de dicha comisión al presidente y vicepresidenta de la República, y un porcentaje correspondía al equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, identificado como "el equipo del puerto " dentro del mismo se encontraba el reclamado", recoge el escrito.
Este equipo, añade, "tenía como función eludir la Ley de Contrataciones del Estado, que regula la compra, venta y la contratación de bienes, suministros, obra y servicios que requieren los organismos del Estado".
"El reclamado participó como asesor de la empresa Portuaria Quetzal (entidad estatal y autónoma) y recibió dinero (900.000 dólares) por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto, eludiendo la ley", apostilla.
