El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que la policía de Louisville ha tenido un patrón de violaciones de derechos constitucionales tras una investigación en torno a la muerte de Breonna Taylor por disparos policiales.
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El secretario de Justicia, Merrick Garland, presentó un informe del Departamento de Justicia según el cual el gobierno del condado Louisville/Jefferson y la Policía Metropolitana “ha incurrido en un patrón de conducta que priva a la gente de sus derechos bajo la Constitución y la ley federal”.
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El reporte dice que el departamento de policía de Louisville “discrimina contra personas de raza negra en sus actividades de aplicación de ley”, usa fuerza excesiva y realiza allanamientos sobre la base de órdenes inválidas. Dice también que el departamento viola los derechos de la ciudadanía en cuanto a libertad de expresión, como en las protestas callejeras que estallaron en el verano de 2020.
La investigación fue lanzada en abril de 2021 para determinar si había un patrón de actividad ilegal o inconstitucional dentro del departamento policial.
Breonna Taylor estaba durmiendo en su cama cuando la policía derribó la puerta e irrumpió en su casa después de la medianoche del 13 de marzo de 2020. Tres policías dispararon cuando el novio de Taylor, pensó que se trataba de un robo, le disparó a uno de los agentes en la pierna. La chava de 26 años fue alcanzada por los tiros y murió en el lugar.
La orden usada para irrumpir en la vivienda es ahora objeto de una investigación penal federal, y un expolicía de Louisville se declaró culpable de falsificar información en esa orden. La policía no halló droga en la casa de Taylor.
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La policía de Louisville ha tenido cinco cambios de jefes desde el caso Taylor, y el nuevo alcalde Craig Greenberg está entrevistando a candidatos para el cargo. La municipalidad ha tenido que pagar compensaciones con base en demandas por el incidente con Taylor, incluyendo un pago de 12 millones de dólares a la familia de Taylor.
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Desde 2020 la ciudad ha prohibido los hallanamientos de viviendas sin aviso y también inició un programa para que psicólogos acudan a llamadas de emergencia, amplió programas comunitarios de prevención de violencia y ha creado programas para la salud y bienestar de los oficiales, dice el reporte. “Esta conducta es inaceptable, desgarradora”, declaró Garland.
