CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, las autoridades rescataron a los supervivientes en cuestión de días. Sin embargo, no siempre hay tanta diligencia. Miles de mexicanos están desaparecidos, algunos desde hace más de una década, a veces sin que nadie los busque.
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Las autoridades mexicanas se apresuraron en culpar al cártel local del Golfo de haber tiroteado el viernes el vehículo en el que viajaban los estadounidenses que habían cruzado la frontera para que uno de ellos se sometiera a una operación de cirugía estética.
Cuatro días después los localizaron — dos de ellos estaban muertos, uno herido y una mujer aparentemente ilesa— después de una intensa búsqueda en la que participaron soldados mexicanos y tropas de la Guardia Nacional. Los supervivientes fueron escoltados hasta la frontera para que regresaran a su país.
En contraste, más de 112.000 mexicanos siguen desaparecidos en todo el país, en muchos casos, años o décadas después de su desaparición y, generalmente, solo sus familiares los buscan.
“Estas personas podrían estar desaparecidas si hubieran sido mexicanas”, afirmó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason.
El rápido rescate de los estadounidenses provocó cierto enojo en Tamaulipas, un estado fronterizo dominado durante mucho tiempo por los beligerantes cárteles del Golfo y del Noreste y donde hay más de 12.500 desaparecidos, según cifras del gobierno federal.
Delia Quiroa, de la cercana ciudad de Reynosa, lleva nueve años buscando a su hermano Roberto, desde que en 2014 fue secuestrado por pistoleros, probablemente, pertenecientes al cártel del Golfo, el mismo grupo al que se atribuye el secuestro de los estadounidenses.
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A pesar de realizar sus propias búsquedas y presionar a las autoridades para que investiguen, la familia no sabe nada de su paradero.
Quiroa dejó claro que las familias de los desaparecidos “celebramos y damos gracias a Dios que se encontraron a esos cuatro ciudadanos estadounidenses”, pero deseó que el gobierno buscara a “nuestros desaparecidos” con esa fuerza y diligencia.
Por eso, quiso transmitir a las autoridades mexicana su “total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza” por la inacción cuando son las familias mexicanas las que sufren la desaparición de un familiar.
Los equipos de búsqueda voluntarios, como el de Quiroa, a menudo se ven obligados a recorrer los desiertos del norte de México con barras de hierro y palas, en busca de fosas clandestinas donde puedan haber sido arrojados los cuerpos de los familiares.
Aunque en los últimos años ha habido mejoras, las autoridades suelen carecer de personal, equipos y formación -y muchos dicen que de voluntad- para investigar los secuestros; mucho menos para detener o castigar a los responsables. Tampoco hay capacidad para identificar decenas de miles de cadáveres que se han encontrado.
El hecho de que haya estadounidenses implicados en el secuestro más reciente puede ser la razón que garantice que las autoridades mexicanas persigan a los asesinos. Unas dos docenas de sospechosos, la mayoría del cártel de Juárez, han sido detenidos en relación con los asesinatos en 2019 de nueve ciudadanos estadounidenses -mujeres y niños- en el estado fronterizo occidental de Sonora.
No está claro exactamente qué facción del cártel del Golfo pudo organizar el ataque en un estado donde las excisiones de los dos cárteles más poderosos —el del Golfo y el del Noreste— reciben apodos como “Los Escorpiones”, “Los Ciclones” y “Las Tropas del Infierno”.
En Matamoros, según Correa-Cabrera, son básicamente todos vástagos del clan Cárdenas, cuyo jefe, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en 2003.
Sea el grupo que sea, a todos parece importarles poco los inocentes. En 2021, pistoleros de facciones del cártel del Golfo recorrieron las calles de Reynosa matando al azar a 15 transeúntes sólo para intimidar a sus rivales.
El gobierno mexicano afirma que ha funcionado su estrategia de “abrazos, no balazos”, un programa contra la pobreza destinado a reducir el número de reclutas para las bandas. El número de homicidios oficialmente reconocidos cayó de 719 en 2020, a 707 en 2021 y 492 en 2022.
Eso sin contar a los desaparecidos.
Pero indudablemente la situación no está tan mal como en los oscuros días de 2010 y 2011 en Tamaulipas, cuando los cárteles de la droga masacraron a 72 migrantes, se llevaron a pasajeros de los autobuses y mataron a cientos que se negaron a luchar a muerte entre ellos con mazos.
Correa-Cabrera dijo que la disminución de los asesinatos y crímenes en Matamoros en los últimos años puede haberse debido a que el clan Cárdenas reafirmó el control.
“Era muy claro que había ya un control a través de la familia Cárdenas del territorio y había una paz, una especie de pacto mafioso” en la ciudad, agregó la académica. Hasta que el escenario comenzó a cambiar.
“A principios de este año empiezo a recibir reportes de que el mismo grupo que controlaba la plaza como que empieza a tener comportamientos mucho más de extorsión”, añadió la investigadora que trabajó en la Universidad de Texas-Brownsville, justo al otro lado del Río Grande de Matamoros.
Es evidente que los más recientes acontecimientos han inquietado a las autoridades estadounidenses, que deben actuar con cautela ante la tendencia nacionalista de la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Estados Unidos depende del gobierno mexicano para ayudar a controlar el flujo de migrantes procedentes de Sudamérica y Centroamérica, pero también observa impotente cómo el fentanilo fabricado en México fluye a través de la frontera, causando alrededor de 70.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año.
En una crítica poco habitual, el embajador estadounidense Ken Salazar escribió el martes en su cuenta de Twitter que “nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en una zona conocida como la frontera chica”, que se encuentra cerca de Matamoros.
Es probable que el Gobierno mexicano se sienta presionado para, al menos, investigar a los implicados en el caso de los estadounidenses.
“La violencia de los cárteles es anterior al gobierno (de López Obrador), por supuesto, pero la política de ‘abrazos, no balazos’ no está dando los resultados prometidos, como lo demuestra el aumento de la violencia”, dijo Andrew Rudman, director del Instituto México del Wilson Center.
