SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica pasó de tener una de las tasas de deforestación más altas del mundo en la década de 1980 a convertirse en una nación centrada en el ecoturismo, algo que ahora seduce a viajeros de todo el mundo con la posibilidad de pasear entre reservas marinas y bosques nubosos en un mismo día.
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Sin embargo, Costa Rica quiere ir más allá: el país centroamericano conocido por su selva exuberante y su rica biodiversidad se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2050 y eso significa que tarde o temprano desaparecerá un impuesto a los combustibles, el cual ha ayudado a revertir la deforestación.
Costa Rica enfrenta ahora un dilema en sus prioridades ambientales: la reforestación frente a la reducción del uso de combustibles fósiles.
El programa que ha pagado a los terratenientes durante 25 años para que no talen árboles depende casi por completo de los ingresos por impuestos a los combustibles, que desaparecerán para 2050 a medida que Costa Rica convierta el transporte público y privado en eléctrico en su búsqueda de emisiones netas cero. Eso ha hecho que el gobierno esté buscando alternativas de financiación.
Esas opciones podrían incluir la creación de impuestos nuevos o una combinación modificada de los ya existentes. Los turistas que visitan Costa Rica para ver tucanes, perezosos y ranas de colores brillantes podrían toparse algún día con un cargo en la factura del hotel para ayudar a la conservación de la selva tropical.
Otras ideas para reemplazar esos fondos incluyen lograr que los grandes países desarrollados —los mayores contaminadores del planeta— compensen a naciones como Costa Rica, que hacen más de lo que les corresponde para almacenar carbono.
El programa de reforestación de Costa Rica recibió un impulso el año pasado con el anuncio del presidente Rodrigo Chaves de 16,4 millones de dólares del Banco Mundial para las selvas que están reduciendo las emisiones de carbono. El programa traerá un total de 60 millones de dólares para fines de 2025, fondos que Costa Rica espera que puedan duplicar la cantidad de selvas protegidas.
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El dinero es un paso para que la comunidad internacional haga su parte en la preservación de selvas y bosques valiosos, recalca Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO, por su acrónimo en español).
Según Rodríguez Zúñiga, si el programa costarricense beneficia al mundo, es justo que el mundo contribuya a su protección. Dice esperar que algún día pronto pueda decir que toda la selva de propiedad privada en Costa estará recibiendo algún incentivo a cambio de no deforestar.
La demanda de tierras agrícolas tuvo alguna vez un costo muy alto en la cubierta forestal de Costa Rica, que se redujo al 21% del territorio nacional en la década de 1980, cuando se talaron casi 51.000 hectáreas (125.000 acres) cada año. Incluso cuando Costa Rica hizo fuertes inversiones para establecer parques nacionales, el gobierno se dio cuenta de que había que hacer algo para conservar las selvas de propiedad privada a medida que avanzaba para promover el ecoturismo.
Una ley forestal aprobada en 1996 creó el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), con financiamiento del impuesto a la gasolina. El PSA otorgó a los propietarios de fincas que establecen plantaciones forestales alrededor de 60 dólares anualmente por cada hectárea (2 acres y medio) a cambio de cuatro “servicios ambientales” (agua, belleza escénica, biodiversidad y carbono) asociados con la conservación del bosque. Actualmente, el programa abarca más de 276.000 hectáreas (680.000 acres).
Junto con la zanahoria, vino el garrote: reglas estrictas y sanciones por cambios en el uso de la tierra.
El turismo pronto creció tanto que la participación de la agricultura en la economía quedó eclipsada, al caer del 25% en 1982 al 4,2% en 2019. Mientras tanto, las visitas a las zonas naturales protegidas se dispararon de unas 500.000 en 1990 a más de 1,7 millones en 2019.
Antes del PSA, ya había algunos propietarios de tierras que estaban filosóficamente dispuestos a conservar su parte de la selva.
Floripe Córdoba y Siegfried Kussmaul habían decidido, incluso antes de que se lanzara el programa, que la selva retomara sus 3,2 hectáreas (8 acres) cerca de San José, donde habían cultivado café y criado ganado, pese a que algunos vecinos —dijeron— pensaban que estaban “locos”.
Ahora ellos reciben alrededor de 300 dólares anuales gracias al programa, para ellos una cantidad en gran parte simbólica, ya que viven cómodamente de la pensión de él luego de haber sido durante años profesor de Geología.
Córdoba, una exguía de turismo, pasea diariamente por la selva. Dice que su filosofía es dejar en su lugar a todos los insectos, hasta el más pequeño, la fauna y todo lo que hay en el bosque.
Durante una de esas caminatas, Córdoba señaló sus árboles favoritos e identificó unas mariposas que pasaban revoloteando.
Rodeado de ranchos ganaderos, Kussmaul dijo que cuando los vecinos los ven dicen “¡Qué desperdicio de tierras!”.
El dinero del Banco Mundial está abierto a los propietarios de tierras en Costa Rica que aún no están inscritos en el programa. No obstante, el programa sólo reembolsa el carbono, uno de los cuatro “servicios ambientales”, lo que plantea la pregunta de si 18 dólares por cada hectárea (2 acres y medio) será suficiente para atraer a muchos terratenientes.
Durante años la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR, una organización conservacionista no gubernamental) ayudó a inscribir a los propietarios de tierras en el PSA. Su director ejecutivo, Mario Piedra, celebra que la financiación disminuya con la reducción de los combustibles fósiles, pero advierte que se deben encontrar opciones de reemplazo más allá de lo que ofrece el programa del Banco Mundial.
Advierte que es imposible mejorar la sustentabilidad de estas áreas a largo plazo con 7 o 18 dólares por hectárea al año, pues es muy poco dinero.
Rodríguez, director de FONAFIFO, dijo que sabe que 18 dólares no es mucho, pero aseguró que su organización está buscando fondos adicionales que cubrirían la adición de la biodiversidad como un servicio ambiental a compensar. Mientras tanto, el programa ofrece pagos retroactivos a quienes tenían tierras forestales verificables desde 2018.
Las autoridades también intentan facilitar las cosas. Los propietarios de tierras pueden registrarse a través de un sitio web y, en la mayoría de los casos, el gobierno utiliza imágenes por satélite en lugar de una visita sobre el terreno para verificar la existencia de selvas. Y mientras que el PSA obliga a los propietarios a contratar a un guardabosques para que les ayude a supervisar sus bosques —con un costo de hasta el 18% de los pagos del gobierno—, el dinero del Banco Mundial no lo hace.
Rodríguez dijo que el FONAFIFO espera encontrar fondos para distribuir pagos más allá de 2024. Y tanto Piedra como Rodríguez hablaron de aprovechar los mercados de capital privado para establecer sistemas que compensen los esfuerzos de conservación.
El FONAFIFO ha mantenido conversaciones con las autoridades turísticas costarricenses, ya que este sector es uno de los mayores beneficiarios de la conservación de los bosques, pero no existe ningún impuesto con este fin y según Rodríguez no es el momento adecuado para imponerlo, dadas las persistentes dificultades económicas derivadas de la pandemia.
Sin embargo, existe un indicador de que los turistas pueden estar dispuestos a apoyar un impuesto de este tipo: un programa voluntario en el que se les ofreció la oportunidad de compensar las emisiones de sus vacaciones recaudó 600.000 dólares el año pasado.
