BRUSELAS (AP) — Hace una década este año, José Manuel Barroso, en ese entonces presidente de la Comisión Europea, permanecía visiblemente conmovido ante hileras de ataúdes que contenían los cadáveres de migrantes ahogados frente a la isla italiana de Lampedusa. En algunos féretros pequeños y blancos estaban los cuerpos de bebés y niños.
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“Esa imagen de cientos de ataúdes nunca saldrá de mi mente. Es algo que creo que uno no puede olvidar. Féretros de bebés, ataúdes con la madre y el hijo que nació justo en ese momento”, declaró Barroso en 2013.
Más de 300 personas murieron el 3 de octubre de 2013 tras desatarse un incendio en un bote de pesca que había partido desde Libia en la ruta migratoria más letal del mundo. El bote, que transportaba a casi 500 personas que aspiraban a una vida mejor en Europa, zozobró a sólo unos cientos de metros de la costa.
“La clase de tragedia que hemos atestiguado aquí tan cerca de la costa nunca debería volver a ocurrir”, agregó Barroso. La Unión Europea debe mejorar “nuestro sistema de vigilancia para rastrear botes, de forma que podamos lanzar una operación de rescate y llevar a las personas de vuelta a terrenos seguros antes de que perezcan”.
Nada por el estilo estará en la agenda de los gobernantes de la UE en una cumbre la próxima semana. De hecho, casi una década después, poco ha mejorado a este respecto.
En 2022 hubo aproximadamente 330.000 intentos para ingresar a Europa sin autorización, el nivel más elevado en seis años. La Organización Internacional para las Migraciones dice que más de 25.000 personas han muerto o han desaparecido al intentar cruzar el Mar Mediterráneo desde 2014.
La misión de búsqueda y rescate iniciada en respuesta a la tragedia de Lampedusa fue suspendida un año después, ante las preocupaciones de que la presencia de buques de la Armada italiana estuviera alentando a la gente a hacerse a la mar con la esperanza de ser rescatada.
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Los gobiernos han acosado e incautado navíos civiles operados por organismos de ayuda humanitaria por intentar salvar vidas. La UE proporciona embarcaciones y equipo a la Guardia Costera de Libia para que impida que la gente intente la travesía, y Turquía y varios países más del norte de África reciben respaldo financiero.
En su cumbre del 9 y 10 de febrero, los 27 jefes de Estado de la UE renovarán un llamado a reforzar la seguridad de las fronteras y a presionar a los países frecuentemente empobrecidos de los que sale gente para intentar llegar a Europa, según un borrador de un comunicado preparado para la reunión y al que The Associated Press tuvo acceso.
Los gobernantes darán “respaldo total”, de forma que la agencia fronteriza y guardacostas Frontex pueda cumplir “su tarea esencial, que es ayudar a los Estados miembros a proteger las fronteras externas del bloque, combatir la delincuencia transfronteriza e incrementar las devoluciones”, el eufemismo que utiliza la UE para las deportaciones.
La Unión Europea “mejorará la cooperación con los países de origen y tránsito a través de asociaciones mutuamente benéficas”, señala el texto, que podría ser modificado antes de la cumbre. No especificaba las formas en que las asociaciones podrían ser beneficiosas para esos países, sino sólo los medios de persuasión que podrían aplicárseles.
Al presupuesto de la UE para esta ayuda debería dársele el “mejor uso posible” con el fin de alentar a los países a que impidan que la gente se vaya, agregó. A las naciones que no acepten de vuelta a sus ciudadanos podría serles más difícil obtener visas europeas. Bangladesh, Gambia, Irak y Senegal ya están siendo monitoreados.
Tras una reunión de ministros del interior la semana pasada, la presidencia sueca de la UE indicó que “se requieren incentivos positivos y medidas restrictivas. Debemos hacer uso de todas las áreas relevantes de políticas a este respecto, tales como políticas de visas, cooperación para el desarrollo, comercio y relaciones diplomáticas”.
El tema de las cercas fronterizas está de nuevo en la mesa de negociaciones, a pesar de que previamente la Comisión Europea declinó ayudar a los países miembros a pagarlas, bajo el argumento de que no concuerdan con los “valores europeos". Varios países del bloque, en particular Hungría, Austria y Eslovenia, han erigido cercas fronterizas después de que más de un millón de migrantes ingresaron a Europa en 2015, en su mayoría refugiados de guerra de Siria e Irak.
Un documento sobre la posición del gobierno holandés que circula en Bruselas señala que “todos los tipos de infraestructura estacionaria y portátil deberían formar parte de un paquete más amplio de medidas para manejar las fronteras, y a la vez garantizar los derechos fundamentales según están consagrados en el derecho internacional y el de la UE”.
La frontera terrestre entre Bulgaria —país miembro de la UE— y Turquía, desde donde parten muchos migrantes, es de especial preocupación. Al preguntársele acerca de ella el jueves pasado, Ylva Johansson, comisionada de Asuntos de Interior, sólo dijo que no hay dinero suficiente para ayudar a los países a erigir cercas.
La comisión quiere agilizar el proceso de los solicitantes de asilo en las fronteras del bloque, y ha nombrado a un “coordinador de devoluciones” para que acelere las deportaciones. Más de 900.000 personas solicitaron asilo en la UE el año pasado, lo que ha generado un retraso en la resolución de los casos.
En una carta a los gobernantes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que se llevarán a cabo pruebas piloto en los próximos meses sobre un “procedimiento fronterizo acelerado”, incluyendo “la devolución inmediata” de las personas a las que no se les autorice quedarse.
Este enfoque de “Fortaleza Europa” ha evolucionado debido al fracaso de la UE en ponerse de acuerdo sobre la respuesta a dos preguntas irritantes: ¿Quién debería asumir la responsabilidad de aceptar a los migrantes y refugiados que llegan al continente? Y, ¿otros miembros deberían estar obligados a ayudar?
Esas preguntas rara vez surgieron el año pasado cuando millones de refugiados ucranianos fueron recibidos de muy buena gana en Europa en medio de una efusión de buena voluntad, especialmente de países como Hungría o Polonia, que se oponen firmemente a ayudar a atender a migrantes provenientes de África y Medio Oriente.
Se suponía que el Pacto sobre la Migración y el Asilo de la Comisión Europea, dado a conocer en 2020, resolvería el problema, pero se han logrado pocos avances. Ahora, funcionarios de la UE dicen que los miembros podrían respaldar el plan de reformas antes de que sea elegida una nueva comisión en los comicios de 2024.
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Raf Casert en Bruselas y Mike Corder en La Haya contribuyeron a este despacho.
