MADRID (AP) — Un aluvión de casos de violencia de género y la liberación anticipada de varios agresores sexuales han aumentado la presión sobre el gobierno de izquierda español, que destaca enfáticamente sus credenciales feministas, para que haga más para proteger a las mujeres de los abusos.
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Luego de una reunión urgente el viernes, el Ministerio de Igualdad del país propuso apoyo de vivienda e ingresos para las víctimas de abuso, pero dijo que no había necesidad de endurecer una ley que ha permitido que se revisen algunos casos y se reduzcan las sentencias a algunos agresores sexuales.
"Tenemos que ser capaces no solamente de que esos servicios de atención integral especializada y protección a las mujeres víctimas estén disponibles, sino de que busquemos la manera de llegada eficaz a las víctimas para que no haya la necesidad de que hagan largos trámites burocráticos”, informó la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En lo que va de año, al menos seis mujeres han sido asesinadas —presuntamente por sus parejas actuales o exparejas—, según los últimos registros de la oficina del gobierno contra la violencia de género.
Tras estudiar estos casos, el ministerio de Igualdad constató que algunas de las víctimas habían estado viviendo con sus presuntos asesinos por cuestiones económicas. Montero dijo que planeaba brindar servicios de vivienda y un ingreso vinculado al salario mínimo a mujeres que habían sufrido violencia y seguían siendo vulnerables.
La propuesta requiere la aprobación del gabinete, pero Montero dijo que muestra la voluntad del gobierno de mejorar lo que llamó un sistema que en principio funciona muy bien contra la violencia de género.
Datos oficiales muestran que al menos 1.188 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas masculinas desde 2003, cuando el país fue pionero en el conteo de casos de feminicidios.
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Las estadísticas muestran un leve declive en el número de asesinatos anuales desde el 2000.
Los expertos coinciden en que ha habido una reducción significativa de casos en las últimas décadas desde que España empezó a ocuparse seriamente de la violencia contra las mujeres, pero creen que resta mucho por hacer, sobre todo para las víctimas que habían denunciado a su agresor al menos una vez. En 2022, estas constituyeron el 43% de las mujeres víctimas de homicidio.
“Tenemos que mejorar la evaluación de riegos, porque cuando las mujeres denuncian su situación, el riesgo de una agresión se dispara”, afirmó Yolanda Besteiro, experta en asuntos de género y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
La violencia contra las mujeres se ha convertido cada vez más en una preocupación social, además de un tema de enfrentamiento político en un debate altamente polarizado.
Los partidos opositores han criticado enérgicamente al gobierno por presentar una ley sobre consentimiento sexual que irónicamente ha permitido a más de 200 agresores sexual apelar con éxito sus condenas.
