MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
La medida ha sido adoptada ante las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de enero y los volúmenes autorizados pendientes de trasvasar, "así como la significativa mejora en la previsión del estado hidrológico en el sistema para los próximos meses".
En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 19 de enero, se constató una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y según el informe realizado por el CEDEX para este mes de enero, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de enero ascendían a 565,5 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 602 hm3 de entre los niveles 2 y 3 fijado y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables.
El citado informe recoge también la información enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los volúmenes de agua trasvasada disponibles a 1 de enero en la cuenca, que son de 14,63 hm3 para abastecimientos, no existiendo agua trasvasada disponible para riego. A este volumen hay que añadir el volumen autorizado no trasvasado de 30 hm3 para estos usos. Estos volúmenes de agua constituyen una reserva de agua ya trasvasada o autorizada cuyo objetivo es atender las necesidades de suministro que surjan en el futuro de forma simultánea con los trasvases posteriores.
A tenor de estos datos, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, informó de que podría autorizar un volumen máximo de 20 hm3 para enero.
Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que revisa la planificación hidrológica para 2023-2027 de las 12 cuencas hidrográficas intercomunitarias, que son competencia del Estado. Entre ellas las de Tajo y el Segura, de las que depende el trasvase Tajo- Segura.
PUBLICIDAD
La planificación para este próximo lustro contempla el establecimiento de caudales ecológicos mínimos, algo que se fija, por primera vez en el Tajo. A consecuencia del nuevo caudal se establece una reducción del volumen de agua trasvasable que, según la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, será de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales que se aplicarán de manera progresiva entre 2023 y 2027.
No obstante, ha afirmado que está reducción será compensada con otras fuentes de agua como la procedente de desaladoras. El recorte ha supuesto la protesta de las Comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía, mientras que satisface las demandas de Castilla -La Mancha